Ante la disparada de precios
El Ministerio de Vivienda de España quiere desarrollar mediante un real decreto urgente el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para concretar lo relativo a los alquileres temporales de forma que sus usuarios tengan que acreditar y justificar esa causalidad a la hora de formalizar el contrato.
Según ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estos contratos también tendrán que registrarse en la plataforma que ha anunciado el Gobierno, donde se centralizarán las distintas modalidades de alquiler, entre ellos los turísticos o de habitaciones.
Con todo ello, se busca establecer mecanismos para no burlar la LAU y salvaguardar los contratos de alquiler de temporada para lo que realmente son, temporales, dado el auge que está registrando esta modalidad para sortear la Ley de Vivienda y las tensiones que está provocando en el mercado residencial, en términos de acceso a una vivienda y de precios.
La idea es que estos cambios en la LAU puedan estar listos antes que la plataforma de registro único, que Europa da de plazo a los países hasta 2026 para tenerla lista, pero que el Ejecutivo espera que pueda ser antes de 2025. Mientras tanto, trabajan en una disposición adicional para que los actuales registros autonómicos y locales puedan ir dando cobertura.
Vivienda quiere dar toda la celeridad a este real decreto en las próximas semanas y espera tenerlo listo a finales de verano (europeo). A modo de ejemplo, la ministra ha indicado que para un curso escolar el contrato temporal será de unos 9 meses o para un festival de unos días.
Según un informe reciente de la web inmobiliaria Idealista, la oferta de alquileres de temporada se disparó 56% en el primer trimestre del año hasta representar el 11% del total.
Ajustes para regular los departamentos con uso turístico
También se ha subrayado que se va a modificar la redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para habilitar a las comunidades de propietarios con el fin de exigir una autorización previa y que sean los vecinos los que puedan autorizar o vetar pisos turísticos en sus fincas.
De esta forma, se busca que el alquiler turístico sea una actividad económica más y tenga los mismos criterios fiscales, entre ellos que soporten un IVA.
Para abordar este "ajuste quirúrgico", Vivienda va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, los sectores afectados, plataformas en línea y agentes sociales.
Con información de El Cronista