En Uruguay dejarán de pagar planes sociales a las familias que no cumplan este requisito
Desde el gobierno de José Mujica que se realizan cortes de asignaciones por distintos motivos, aunque la medida se suspendió en la pandemia
Por Redacción
El Gobiero de Uruguay planea cortar las asignaciones familiares a los padres de 11.500 niños y adolescentes que no están concurriendo a clases. Es la segunda vez que se toma esta medida durante la gestión de Luis Lacalle Pou: a fines del año pasado, se quitaron casi 10 mil planes sociales.
Los cortes se hacían desde el gobierno de Mujica, pero durante la emergencia sanitaria dejaron de hacerse. Ahora, El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) busca continuar con esta sanción.
En 2013, el gobierno de José Mujica implementó el corte de asignaciones a todas las familias que no enviaran a sus hijos a estudiar, amparándose en el artículo 6 de la Ley Nº 18.227 que estipula la “inscripción y concurrencia del beneficiario a institutos de enseñanza” —además de tener una debida atención médica— como un requisito para el otorgamiento y mantenimiento de la prestación.
Los otros requisitos son que se presente ante el Banco de Previsión Social (BPS) la documentación correspondiente a los ingresos y composición del hogar del beneficiario, a los elementos que caracterizan el hogar como en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y, en caso de tratarse de una persona con discapacidades, que esa discapacidad impida la realización de cualquier tipo de tarea remunerada.
En 2013, se dieron de baja 32.000 asignaciones; en 2014 fueron 51.000 y en 2015, cuando finalizó el mandato de Mujica y asumió el nuevo gobierno frenteamplista con Tabaré Vázquez a la cabeza, los cortes dejaron de hacerse luego de que la entonces ministra de Desarrollo Social, Mariana Arismendi, diera la orden.
La medida generó roces entre la ministra y el presidente. Arismendi, por su parte, entendía que la educación no era una contrapartida de la asignación; Vázquez, en tanto, no lo concebía de esa forma entonces firmó un decreto en 2015 que obligaba a retirar las prestaciones brindadas a las familias que no enviaban a sus hijos a centros educativos. Los cortes estaban estipulados dos veces al año: uno en julio para aquellos que no se matricularon y otro en diciembre para los que se anotaron, pero no concurrieron o dejaron de concurrir.