Bolivia declara emergencia energética y social ante la crisis de combustibles y divisas

El Gobierno de Bolivia ha declarado oficialmente el estado de emergencia energética y social en todo el territorio nacional. Esta medida responde a una coyuntura crítica caracterizada por la escasez de combustibles, la falta de dólares y una creciente presión inflacionaria que amenaza la estabilidad del país. Ante este escenario, el presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo 5517, el cual habilita medidas excepcionales por un periodo de un año para intentar sostener la actividad económica y garantizar el suministro energético.

 

 

Medidas económicas

 

Uno de los pilares de este decreto es la autorización extraordinaria para que el sector privado pueda importar y comercializar derivados del petróleo a precio de importación. Para facilitar este proceso, el Ejecutivo ha garantizado un régimen de acceso no discriminatorio a la infraestructura del sector de hidrocarburos. Según el texto oficial, el objetivo primordial es mitigar el impacto de la crisis, reactivar la producción y avanzar en la reconstrucción integral de la economía boliviana.

 

Acciones sobre el diésel

 

Debido al "déficit extremo" de diésel, un recurso vital para la agroindustria y el transporte, el Gobierno ha tomado determinaciones drásticas para facilitar su ingreso al país:

• Se suspendió temporalmente el diésel de la lista de sustancias controladas.

• Se eliminó por un año la exigencia de autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas.

• Se estableció el retiro temporal del diésel del Arancel Aduanero de Importaciones, buscando eliminar cuellos de botella en el abastecimiento interno.

 

Para asegurar que estas medidas tengan un efecto inmediato, el decreto instruye a la Aduana Nacional y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus procedimientos operativos en un plazo máximo de cinco días hábiles. Por su parte, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías cuenta con hasta 15 días para reglamentar formalmente el acceso a la infraestructura necesaria para la comercialización privada