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La ciudad de La Paz se encuentra sumida en un estado de colapso absoluto ante la escalada de violencia y los cercos impulsados por sectores sociales, campesinos e indígenas. Las movilizaciones tienen un objetivo claro e innegociable: exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, cuyo mandato de apenas unos meses enfrenta un estallido popular tras la reciente eliminación del subsidio a los combustibles. La tensión llegó a su punto máximo en las últimas horas, obligando a las autoridades a realizar la evacuación de emergencia de instituciones públicas en el centro paceño ante el avance inminente de mineros y trabajadores de la Central Obrera Boliviana (COB).
Enfrentamientos, caos vehicular y denuncias de conspiración
El corazón político de Bolivia es un verdadero campo de batalla. En los alrededores de la Plaza Murillo, la Policía ha desplegado un intenso operativo con gases lacrimógenos para frenar a manifestantes que responden con dinamita y explosivos. Simultáneamente, grupos afines a Evo Morales, conocidos como "evistas" y Ponchos Rojos, han consolidado un cerco total con 47 puntos de bloqueo activos, aislando completamente a La Paz y El Alto del resto del país, lo que ya provoca un severo desabastecimiento.
El nivel de violencia y vandalismo ha obligado incluso a suspender cuatro líneas del sistema Mi Teleférico para proteger la integridad física de los miles de usuarios que intentaban trasladarse.
En este escenario crítico, la crisis tomó un giro explosivo. Las fuerzas de seguridad aprehendieron a un dirigente con 280.000 bolivianos. El Gobierno denunció que las movilizaciones están siendo financiadas ilegalmente desde el Chapare para orquestar un "levantamiento armado". Ante la gravedad de los hechos, el vocero presidencial confirmó que existen órdenes de captura contra los cabecillas, mientras la Policía alista el uso intensivo de la fuerza pública para recuperar el control de las vías.