Estudian la derogación de la Ley de Abastecimiento

Entre el paquete que enviará al Congreso por parte del Gobierno, la llamada ley ómnibus, trascendió que se incluirá la eliminación de tres leyes que forman parte de los reclamos más habituales en las empresas de consumo masivo:

 Las de Abastecimiento (promulgada en 1974 y actualizada en 2014), la del Observatorio de Precios (es la Ley 26.992 de fines de 2015) y la de Góndolas (Ley 27.545 del 2020). 

La de Abastecimiento es la que habilita al Ejecutivo a tomar una serie de decisiones, como determinar precios, realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos, junto con la aplicación de multas, clausuras de establecimientos por 90 días, inhabilitación para recibir préstamos o beneficios impositivos, en caso de desabastecimiento o escasez, así como la potestad de establecer márgenes máximos de ganancia para las empresas. 

La novedad se la adelantó a un grupo de industriales el titular de la Secretaría de Comercio e Industria, Pablo Lavigne, y también que se eliminarán los fideicomisos del trigo y el aceite. En el encuentro con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) también anticipó que pondrá fin al esquema de controles de precios y revisará, además, las multas impuestas a empresas en el contexto de Precios Justos. 

Algunas de esas medidas formarán parte del proyecto de ley de desregulación de la economía en la que trabaja el gobierno de Javier Milei y otras serán iniciativas puntuales de Comercio e Industria. 

Otra ley que la Secretaría busca derogar será la del Observatorio de Precios, que creó el gobierno de Axel Kicillof a fines de 2015, para “monitorear, relevar y sistematizar información de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios producidos, comercializados y prestados en el país”.

La Ley de Góndolas establece la manera de ordenar los productos en los supermercados. La ley indica, entre otros puntos, que los artículos de menor precio “deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y el último estante”.

Asimismo, se espera que la Secretaría de Comercio e Industria discontinúe las fiscalizaciones en supermercados y comercios, que insumían gran cantidad de recursos para supervisar precios, stock y exhibición de los productos. A su vez, tras el fin de Precios Justos, se revisarán las multas aplicadas por el Gobierno anterior.