Por Daniel Gallardo
8 Mayo de 2020 - 07:37
A todo el país espantó la movilización que mujeres, hombres y hasta niños que inundaron las principales avenidas del país y de la Capital Federal en medio del aislamiento social para enfrentar la pandemia del coronavirus, ante el real temor de un masivo contagio, que por todos los medios se quiere evitar para que el COVID-19 no haga los estragos que hizo en otras zonas del planeta.
Pero la crítica, con sólido argumento, no cayó en la cuenta que quienes se manifestaban eran personas que subsisten en las zonas vulnerables de miseria absoluta que pululan en todo el país, personas que debían ser mayormente asistidas en alimentos, tal cual la administración de Alberto Fernández se comprometió al instaurar la cuarentena, a sabiendas que de allí no podían salir para hacer sus changas, trabajos de limpieza o empleo doméstico que les permite alimentar en el día a sus humildes hogares.
La Argentina y Mendoza, particularmente, deberían repasar el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), conocido al haberse decretado el aislamiento social y que indicaba, entre otras cosas: “El avance de esta pandemia ha obligado en nuestro país –al igual que en muchos otros– a emprender políticas sanitarias preventivas de aislamiento social forzado, con efectos regresivos “no deseados” en materia socioeconómica. En el actual contexto, las condiciones de vida, tanto de los sectores medios bajos como del sector informal de la economía social, se deterioran aún más, y con ello, no solo hay más nuevos pobres, sino que los pobres estructurales son más pobres”.
El detallado y estudioso informe de la UCA advertía: “La insuficiencia de ingresos para cubrir la canasta básica alimentaria (tasa de indigencia) se encuentra fuertemente asociada al estrato socioocupacional del principal sostén del hogar. El contexto de pandemia y su correlato de autoaislamiento obligatorio afecta más intensamente a los sectores que vienen, desde hace ya varias generaciones, en condiciones de pobreza estructural y persistente. Aquellos/as vinculados a un mercado de trabajo precario, informal, asociado a la realización de changas, venta ambulante, servicios personales y servicio doméstico, entre otros, en los cuales se vive al día y por supuesto sin actividad laboral en tiempos de pandemia”.
Familias mendocinas se van de los merenderos con platos vacíos
La falta de raciones de comidas comprometidas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha complejizado el momento, que se refleja en zonas urbano marginales de la provincia, como en el resto del país. Por eso El Ciudadano dialogó con una mujer comprometida con esos sitios al que no muchos llegan. Se trata de Silvia Del Pla, quien es también dirigente política de una nueva línea interna del Partido Obrero.
Sobre el difícil momento de hambre que viven millones de argentinos y miles de mendocinos dijo: “Nosotros como Polo Obrero hemos tenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y con municipios de la provincia. En cada una de ellas hemos mostrado que la situación de los sectores más vulnerables con la pandemia es de absoluta orfandad. El ejemplo contundente se muestra con las tarjetas alimentarias que no lograron repartirse en Mendoza debido a la implementación del aislamiento social”.
“Lo otro que denunciamos –agregó- es que en el medio de la cuarentena se produjo la inaceptable ocasión para aumentar artículos de la canasta básica de alimentos. Incremento que ya se había preparado ante la inminencia de entrada en vigencia de la tarjeta alimentaria y que solo posee el justificativo de tener una clientela cautiva. Pero, como dije, en la provincia no se llegó a repartir porque se inició el aislamiento social, por eso a muchos beneficiarios se les paga el monto de la tarjeta con la asignación universal por hijo. A ellos también los estafan con compras que son imputadas doblemente”.
Al consultarle por qué no se cumple con lo comprometido por el presidente Fernández, expresó: “No se está suministrando alimentos, como se comprometió el Gobierno nacional, porque después que se conocieron las denuncias de los sobreprecios que pagó el Ministerio de Acción Social, se dio marcha atrás con esas compras. Eso está paralizado y para nada se están comprando alimentos que necesitan los sectores más vulnerables. Es muy duro todo esto, hay comedores comunitarios que hacen más de un mes que no reciben la cuota alimentaria que proviene de la Nación. Se arreglan como pueden con donaciones y fondos de la provincia o de municipios. Pero esto es insuficiente por el incremento que la demanda en cuarentena ha producido, con muchas familias que se retiran de esos lugares sin sus raciones de comidas”.
Finalmente advirtió: “Creo que la crisis se agravó, aun en el aislamiento. Cuando se salga de él y de la pandemia propiamente dicha es seguro, será más grave, por lo que consideramos necesario que desde las bases nos organicemos, para ver qué medidas se deben tomar. Para que la pandemia y la crisis económica que la acompaña no tengan consecuencias nefastas en nuestras vidas, por lo que considero que organizarse en este momento es una cuestión de vida o muerte”.
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