Ya es ley la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)

Diputados aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), que había obtenido media sanción en agosto en el Senado. Plantea la gestión de residuos en Mendoza como política de Estado integral, basada en la economía circular, la inclusión social, la transparencia y la protección ambiental.

Las disposiciones de la normativa disponen crear un Sistema Provincial de Residuos articulado con los 18 departamentos, y establece principios rectores claros, competencias definidas, estándares mínimos, herramientas de planificación regional y mecanismos de control, sanción y participación ciudadana.

Incorpora la educación ambiental como política transversal, incentivando la participación comunitaria tanto en campañas permanentes como en el diseño de políticas locales.

Reconoce la gestión de residuos sólidos urbanos como una política pública estratégica, con impactos directos en la reducción de la contaminación, la prevención de enfermedades, la disminución de costos de tratamiento y la integración de actores sociales, como recuperadores urbanos, cooperativas y centros ambientales.

Se divide a Mendoza en cuatro zonas: Metropolitana, Este, Centro y Sur. Así, cada Municipio deberá elaborar su Plan Municipal de Residuos (PMGIRSU), en consonancia con el Plan Provincia.

El Ministerio de Energía y Ambiente será la Autoridad de Aplicación y tendrá a su cargo el diseño e implementación de políticas GIRSU, la asistencia técnica y legal a municipios, la coordinación de consorcios, la fiscalización de infraestructuras, la elaboración de informes anuales y el control del cumplimiento de metas. Para esto, se creará un Sistema de Información Ambiental Público, con trazabilidad digital y auditoría constante.

 

Recursos

Para asegurar la implementación del sistema, se crea el Fondo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Mendoza, nutrido por asignaciones presupuestarias provinciales, tasas específicas GIRSU, multas ambientales y recursos judiciales por pasivos ambientales.

Este fondo financiará infraestructura, equipamiento, asistencia a municipios y programas de fortalecimiento del sistema.

Se faculta, además, al Poder Ejecutivo a gestionar líneas de financiamiento nacional e internacional destinadas a obras y proyectos ambientales.

La normativa incorpora un régimen de fiscalización y sanciones a cargo de la Provincia y los Municipios. Establece inspecciones, auditorías, denuncias ciudadanas y acciones legales, con la posibilidad de aplicar multas, suspensiones, clausuras y confiscación de maquinarias.

También se prevé la conmutación de sanciones por proyectos productivos y educativos, como capacitaciones, mejoras de infraestructura y programas ambientales.