Por Jeremías Chacón
7 Mayo de 2021 - 02:37
La noticia cayó como una bomba pese a que la investigación lleva varios meses. Walter Bento, juez federal de Mendoza y con competencia electoral, es quizás uno de los magistrados más importantes de la provincia y por ello impactó tanto su imputación por el delito de asociación ilícita, hechos de cohecho (coimas), lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que tiene una pena que puede llegar a los 40 años de prisión.
La acusación no es solo contra este juez, sino también para su esposa y tres abogados, de los cuales dos fueron detenidos en los allanamientos que hicieron ayer en sus estudios. Sus fueros como juez federal le permiten a Bento, por ahora, no ser detenido hasta tanto se resuelva un jury de enjuiciamiento que lo destituya o no de su cargo.
El magistrado de renombre en el territorio mendocino fue acusado de liderar una banda que les cobraría ciertas coimas, algunas millonarias, a presos para otorgarles beneficios judiciales.
Quien destapó la olla como se dice popularmente, fue Diego Barrera, detenido por el crimen del empresario Diego Aliaga, ya que cuando todos buscaban a su 'socio', él manifestó que había un juez que sacaba presos –en ese momento no hacía referencia expresa a Bento– lo que motivó una investigación por parte del fiscal federal Dante Vega y el juez con asiento en San Rafael, Eduardo Puigdéndolas, quien le dijo a El Ciudadano que no dará declaraciones sobre el caso.
El 'modus operandi'
Después de una extensa investigación, tanto el fiscal como el juez a cargo de la misma pudieron determinar –en primera instancia, ya que siguen investigando– que el circuito del delito iniciaba con un primer contacto de los abogados de personas detenidas para ofrecerles una suerte de 'beneficios' procesales.
En caso de que ese abogado no accediera a este pedido, hacían que el imputado renuncie a ese defensor para contratar a los abogados que ahora se encuentran imputados en esta causa junto a Bento.Después de algún arreglo económico y la presentación de algunos escritos, llegarían por parte del magistrado los famosos beneficios para estos presos que cumplen prisión por causas federales como por ejemplo, de narcotrafico.
Según fuentes judiciales, todos estos datos salieron de una extensa declaración de Diego Barrera ante el fiscal Vega cuando se investigaba el asesinato de Aliaga. Si bien el hombre que está detenido por la muerte de su socio no dio nombres puntuales, el fiscal realizó una investigación que le permitió reunir algunas pruebas –escuchas telefónicas, por ejemplo– para formalizar la imputación contra Bento, su esposa y tres abogados.
Allanamientos y abogado mediático
En la mañana de este miércoles, efectivos de la Gendarmería irrumpieron en los Tribunales Federales de la provincia para efectuar allanamientos ligados a esta investigación que tiene a Bento como uno de los imputados. La oficina del magistrado federal fue uno de los puntos a allanar.
Además, los agentes se dirigieron hasta domicilios particulares y estudios de abogados, uno en Ciudad y otro en Luján de Cuyo, de donde se secuestró documentación y dinero, algunos hablan de cifras millonarias.
Por otro lado, se supo que el abogado de Bento es el famoso Mariano Cúneo Libarona, hombre que supo defender, entre otros, a Diego Maradona, Claudio Caniggia, Guillermo Cópola, participar en la causa Amia o, recientemente, a José Alperovich, senador y exgobernador de Tucumán que está acusado de abuso sexual contra su sobrina.
Qué pasa con las elecciones de este año
Al ser Walter Bento el juez con competencia electoral en nuestra provincia, luego del revuelo que causó su acusación como presunto líder de una banda que cobraba coimas a detenidos, vino la pregunta de qué puede suceder con las elecciones legislativas de 2021, que serían en septiembre las PASO y en noviembre las generales.
“En principio no tiene por qué repercutir, porque Bento no está separado de su cargo ni funciones y en caso de que eso suceda, seguramente se dará intervención a un juez federal subrogante", explicó Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral de Mendoza.
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