Una nueva denuncia judicial por efectos adversos de la vacuna AstraZeneca reactivó la polémica sobre los contratos confidenciales firmados durante la pandemia. La causa investiga presuntas irregularidades en los pagos adelantados y pone bajo escrutinio al Ministerio de Salud.
Según el análisis de José Urrutia, los expedientes cuestionan las fallas en la entrega de dosis y habilitan posibles implicancias penales para las exautoridades.
Este avance judicial reaviva el debate sobre el blindaje legal otorgado a las farmacéuticas frente a los reclamos de los damnificados, marcando un hito clave en la revisión de la gestión sanitaria estatal.