Reclaman aplicación de una ley sobre el robo de recién nacidos

Es una de las muchas historias que está acumulando el banco de datos del Colectivo Mendoza Por la Verdad, ONG que está detrás de la identidad de origen de cientos de familias y personas que se animan a denunciar el robo de bebés, tanto en instituciones públicas y privadas, reprochable acción, que ni la cuarentena por la pandemia ha detenido.

Para la institución y sus profesionales, es muy importante que la Provincia reglamente de una buena vez la Ley 9.182 que envuelve el Programa Provincial de Identidad Biológica, de Origen y Socioafectiva, instrumento jurídico que salió de las entrañas del colectivo y quizá, de ese añejo anhelo de quienes lo conforman por dolorosas experiencias de vida. Como la vivida por su presidente, Patricia Giménez, cuando el 3 de agosto de 1984 robaron su bebé en el Hospital Lagomaggiore.

Mendoza se ha transformado en una provincia señera en este tipo de instituciones, con una ley que es ejemplo nacional e internacional. Esto último se refleja por las últimas teleconferencias sostenidas con instituciones similares y juristas de diferentes países, donde se están coordinando acciones para dar respuestas a miles de personas que fueron vulneradas en su identidad de origen.

El caso de la mujer de la provincia de San Luis, que ha denunciado el robo de su bebé hace 31 años atrás, es un caso testigo del drama que padecen las personas que buscan a sus parientes o su propia identidad de origen. Con un doloroso peregrinar, en el que ninguna institución daba respuesta. Hoy la legislación e instituciones como el colectivo, marcan la necesidad de acercar soluciones, por lo que se hace imperioso la reglamentación de la ley votada por unanimidad de las dos cámaras legislativas de la provincia.

Visibilizar el robo de bebés en la provincia y en el país

Guadalupe Álvarez es la asesora jurídica del Colectivo Mendoza por la Verdad, quien mantuvo diálogo con El Ciudadano. En primera instancia explica cómo no se han detenido, ni las denuncias, ni el accionar de la entidad en medio de la pandemia: “En este contexto de aislamiento hemos profundizado las relaciones y la articulación con otras ONGs y organismos de Derechos Humanos de Argentina Chile y España, porque buscamos darle mayor visibilidad a la sustracción de bebés interna en cada país y a nivel internacional, para su consiguiente sustitución de identidad”.

–¿Qué esperan lograr?

–Con esta acción, buscamos las mejores herramientas para todas aquellas personas que se encuentran en búsqueda de su verdadera identidad de origen. También, de esas familias que se encuentran en la búsqueda de esos bebés sustraídos al nacer. Si bien Argentina, Chile y España tienen realidades diferentes o particularidades, el delito en sí es el mismo y el derecho humano violado también, la verdadera identidad de origen.

–¿Qué pasó con el Banco Nacional de Datos Genéticos?

–Estamos teniendo reuniones virtuales, donde hemos llegado a la conclusión de que el ADN no miente, en cambio los relatos y las personas, sí, por eso vamos a seguir luchando para que el Banco Nacional de Datos Genéticos en Argentina vuelva a ser universal e incorpore las muestras de todas aquellas personas que dudan de su verdadera identidad de origen. 

Después de 31 años vino a denunciar el robo de su bebé

–¿Se incrementaron las denuncias por el robo de identidad de origen?

–Sí, han aumentado las consultas en este contexto aislamiento, decidimos entonces acompañar y asesorar, desde el Colectivo Mendoza por la Verdad, de forma online. En ese sentido, utilizamos diversos recursos, fundamentalmente videollamada.

–¿Cuál es el último caso recibido?

–El último caso que ha llegado a nuestro conocimiento, es el de una mujer de 44 años de la localidad de Buena Esperanza (San Luis). Ella nos relató que hace 31 años tuvo a su bebé en una clínica de la provincia de Mendoza. Allí, se lo sustrajeron. Debo aclararle que al momento de este difícil episodio, la señora era una niña cuya edad solo alcanzaba los 12 años. Las personas que la llevaron a parir fueron las que le sustrajeron su bebé.

–¿Se sabe algo de esas personas que trajeron a Mendoza?

–Discúlpeme, no puedo darle más datos, porque estamos en plena investigación, como lo hacemos con otros. Sí le expreso la necesidad de nuestra institución de que la Ley 9.182 sea reglamentada lo antes posible. Es muy necesario para poder contar con el programa provincial de búsqueda de la verdadera identidad de origen, así todas las personas pueden dirigirse al programa y tener mayores herramientas en su búsqueda de vida".