Reabre La Salada, pero solo habrá pagos bancarizados

Tras la orden de la Justicia que dispuso la reapertura de La Salada, pese a que su histórico dueño, Jorge Castillo, continúa preso acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y evasión fiscal, entre otros delitos, junto a varios socios y familiares, la feria más grande de Sudamérica ubicada en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora vuelve a funcionar con nuevas disposiciones.

La medida no deja de ser polémica, La Salada aparece en el informe sobre los mercados más importantes de falsificación y piratería en el mundo, confeccionado por la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, en el cual se advirtió que en los últimos años se masificaron los tours de compras desde Brasil y Uruguay para realizar transacciones en ese predio.

 

 

Esto no solo es relevante porque semejantes antecedentes han perjudicado la imagen de la Argentina en el mundo, ubicando al país como una de las naciones que incumplen los derechos de propiedad intelectual, una observación que el gobierno de Javier Milei busca ahora revertir.

 

El reino de la evasión

 

La crítica central, y fuente de los procesamientos de sus titulares, proviene de que la feria representaba un enorme foco de evasión, desde los contratos de alquiler, los sistemas de seguridad y estacionamiento, hasta las propias transacciones, y por ejemplo la Unión Europa la calificó como "un emblema mundial del comercio y la producción de mercadería falsificada".

En números, se estima que unos 48 mil feriantes vendían productos en este gigantesco predio, que tiene tres paseos de compras, y ahora para volver a funcionar, esta feria, fundada en 1992 por inmigrantes bolivianos y que tuvo un crecimiento exponencial durante las últimas tres décadas, deberá cumplir estrictas condiciones.

 

 

El fallo del juez Luis Armella ha determinado que desde ahora, los vendedores que pretendan comerciar en algún lugar de las veinte hectáreas conformadas por los paseos de compra Urkupiña, Ocean y Punta Mogote, deberán cumplir varias medidas, y además tendrá que haber un veedor judicial, de la Municipalidad y de ARCA.

 

El proceso judicial

 

La fiscal federal Cecilia Incardona acusó a Jorge Castillo, Aldo Presa, Antonio Corrillo Torrez y Enrique Antequera (está prófugo), de lograr "ganancias millonarias informales que luego incorporaban a la economía formal mediante inversiones en el mercado financiero y la adquisición de bienes y servicios", lo que quedó evidenciado en el "abultado patrimonio y nivel socioeconómico de los acusados eran evidencia de esto".

Esto se demostró con el secuestro de 26 vehículos, dos embarcaciones y 13 propiedades pertenecientes a los denunciados.

La feria reabrirá con un interventor que aún no ha sido designado, y que deberá garantizar que estén registrados inquilinos y puestos alquilados, y que se instalen sistemas bancarizados, que solo podrán cobrar bajo esa modalidad.

Por su parte, el sindicato de Trabajadores de Ferias había solicitado el levantamiento de la clausura con el fin de garantizar "condiciones de trabajo dignas", y señalaron que la cantidad de puestos de trabajo generados por las ferias ronda los 150 mil, si se incluyen carreros, puestos de alimentos y remiseros, entre otros.