Por Ciudadano.News
27 Octubre de 2022 - 17:00
El Gobierno de Mendoza avanza con una ley provincial sobre el Cupo Laboral Trans, luego de que decidiera no adherirse a la Ley Nacional 27636 de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros (TTT).
La Comisión de Género y Diversidad, presidida por la senadora Claudia Najul, dio luz verde al proyecto, que será revisado en dos comisiones más: la de Trabajo y Asuntos Sociales y la de Legislación y Asuntos Constitucionales. En caso de considerarlo necesario, se podrán realizar modificaciones en esas instancias.
Este proyecto contempla que el 1% de los cargos que surjan en el Estado puedan ser ocupados, luego de un concurso, por personas del colectivo trans. Además, contempla un registro para las personas que quieran acceder a un empleo formal y estará a cargo de la Coordinación de Género y Diversidad.
Fernanda Urquiza, coordinadora de Diversidad, indicó al respecto que la norma va a posibilitar trabajar desde la realidad de la provincia con sus particularidades. “Esto motoriza a nuestros legisladores a que se sensibilicen, concienticen y sepan qué es lo que van a votar y no adherir a una ley nacional que ya viene empaquetada y que no sabemos si va a dar resultado en la provincia cuando las necesidades son otras”, manifestó la responsable provincial.
Urquiza subrayó: “Gracias a los datos estadísticos que nos arroja nuestra Ficha de Atención en Diversidad Sexual (FADI), pionera en el país, tenemos muy claro lo que necesitan las personas de la comunidad de Mendoza. La venimos trabajando hace más de 3 años y nos indica, entre otras cosas, que el 80% de una población de 5 mil personas travesti, trans ejerce la prostitución y lo hace porque justamente el Estado las ha invisibilizado y no les ha garantizado todos los derechos como para que, por ejemplo, tengan la posibilidad de estudiar y de acceder a un trabajo digno, o al menos a uno que eligieran y no se vieran forzadas a hacer”.
A su vez, la senadora provincial Claudia Najul declaró: “Creo que es un paso enorme, porque las personas que conforman esta comunidad tienen una vida llena de violencias, discriminaciones y vulnerabilidades que no solo padecen en la comunidad sino, en algunos casos, hasta en sus propias familias así como en el sistema de salud y en el educativo. Pienso que es necesaria esta ley, porque es reparadora y también sirve para dar un mensaje a todas las personas del colectivo y que sientan que el Estado también les va a dar la posibilidad de tener otro proyecto de vida”.
“Luego será el turno de ver la terminalidad educativa y, si falta algo, evaluar qué herramientas les damos desde el Estado para que puedan finalizar sus estudios y puedan acceder así al trabajo formal”, añadió la legisladora.
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