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Sin fondos nacionales, Mendoza resiste: lanzan patrocinio legal gratuito y nuevos protocolos contra la violencia de género.

Mendoza reafirma su liderazgo regional al financiar con recursos propios programas de género recortados por la Nación, impulsando el patrocinio jurídico gratuito y nuevos protocolos de protección inmediata para las víctimas.

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Por Ciudadano.News

30 Marzo de 2026 - 14:42

Durante el Primer Encuentro Anual de Áreas de Género y Diversidad, celebrado en el microcine del Senado Provincial, la directora Fernanda Urquiza confirmó que Mendoza sostendrá sus políticas públicas con presupuesto genuino. Ante el complejo escenario de recortes por parte del Gobierno Nacional, la gestión local decidió activar un plan estratégico de siete ejes diseñado para garantizar la asistencia directa a mujeres y personas de la comunidad LGTBQ+ en situación de vulnerabilidad extrema.

Los pilares de la protección en Mendoza para 2026

La medida más resonante anunciada durante la jornada es la reactivación del Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito. Este servicio permitirá que las personas que sufren violencia de género accedan a una defensa legal profesional sin costo alguno, eliminando las barreras económicas para obtener justicia. Asimismo, se pondrá en marcha la Resolución 162/2026, un protocolo ministerial de vanguardia que regula con precisión el ingreso, la estadía y el egreso de los dispositivos de protección, optimizando el funcionamiento de los refugios provinciales.

Urquiza enfatizó que Mendoza es pionera en políticas de diversidad, destacando la capacidad de la provincia para reflotar programas esenciales que habían quedado desfinanciados a nivel central. Esta red de contención no funciona de forma aislada: articula esfuerzos con el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad, conformando un bloque sólido frente a la creciente demanda social.

Finalmente, el plan para este año incluye la capacitación intensiva del personal estatal. El objetivo es dotar a los funcionarios municipales y provinciales de herramientas técnicas modernas, asegurando que la información sea un derecho concreto al servicio de la ciudadanía y adaptando las respuestas institucionales a los desafíos que plantean las nuevas generaciones.