En La Matanza
Tuvo lugar una nueva jornada de la llamada Pastoral Judicial en la parroquia San José de la diócesis de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza, la cual asiste con techo y comida a más de 1.500 personas.
Durante el encuentro, promovido por monseñor Oscar Ojea, participaron referentes judiciales de diferentes extracciones, como el procurador bonaerense Julio Conte Grand, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, y el histórico dirigente gremial de los trabajadores judiciales, Julio Piumato, entre otros.
Los magistrados pudieron tener una visión de primera mano de muchas de las preocupaciones que atraviesan en este momento a los barrios populares, como el proyecto libertario de bajar de la edad de imputabilidad, el hambre por la recesión inducida y el avance del narco ante la ausencia del Estado.
Reeditando los encuentros llevados adelante en el barrio 1-11-14 de la CABA y en el Hogar Padre Cajade, en La Plata, una amplia gama de jueces, vecinos, representantes sociales y autoridades eclesiásticas se dieron cita este sábado en el territorio para intercambiar miradas y trazar estrategias.
Necesidades acuciantes
Los magistrados escucharon a los asistentes, entre los cuales estaban mujeres, niños y ancianos asistidos por los Hogares de Cristo y también referentes de organizaciones barriales, sociales y sindicales que expresaron a los magistrados sus preocupaciones y estado de alarma que aflige, fundamentalmente, a aquellos que se encuentran en las periferias de la sociedad.
La agenda fue propuesta por los habitantes de las barriadas, quienes alertaron por la crisis social que los golpea: falta de trabajo y de alimentos, criminalización y represión de los niños y la expansión del narco no solo en lo que hace a la problemática de la droga, sino como proveedor de trabajo, comida y servicios al interior de los barrios marginales, profundizando la fragmentación del tejido social.
Abrió el encuentro el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien manifestó: "Resulta imprescindible destacar la necesidad de proteger sobre todo a los más chicos y a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan y este Ministerio Público tiene ese mandato desde que yo preste juramento en el 2016".
Luego, tomó la palabra Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien narró que: "Esta semana, con la Defensoría, tuvimos que llegar a la Corte Suprema de Justicia para que después de 7 meses el Estado reparta los alimentos para darle de comer a la gente". En ese contexto, agregó que: "La demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia y acá nos convocaron para sensibilizarnos y ponernos en frente de las narices a la gente que sufre las consecuencias de nuestras decisiones".
"La justicia, ante todo, es un derecho de los más débiles"
También estuvieron presentes los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. La jueza Ledesma recordó: "Desde la Cámara de Casación, junto al colega Alejandro Slokar, hemos sentado una importante jurisprudencia cuando dijimos que de ningún modo puede existir o imponerse la prisión perpetua para los chicos menores".
Por su parte, Slokar expresó: "La justicia, ante todo, es un derecho, esencialmente de los más débiles. Frente a las penurias de una crítica situación social, que muestra luces de máxima alarma, un mínimo ético-jurídico es atender lo más frágil, como en un naufragio: mujeres y niños primero". Y concluyó: "Con los pibes no se jode: el hambre es un crimen y su encierro una perversión".
Para cerrar el encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea, explicó que a pesar del trabajo que la Iglesia lleva adelante en los barrios, "sigue siendo importante un Estado activo que se haga cargo de las necesidades de la gente".
El obispo luego hizo un llamado de atención a los medios de comunicación: "Parecería haber una insistencia o una demonización del delito de los menores... Debemos ver la película entera de esas vidas, para no tener una visión parcial de lo que pasa, porque esto es un problema de adultos, que son quienes deben encontrar los modos concretos para facilitar la reinserción social de quienes han cometido un delito", concluyó.
Con información de elDiarioAr