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La mediación como solución a los conflictos vecinales

Los conflictos vecinales menores que quedan en una suerte de limbo pueden ser atendidos mediante la herramienta aplicada comunalmente.

12 de julio, 2021 - 13:10

La convivencia o proximidad entre vecinas y vecinos y los problemas que surgen, básicamente a raíz de ruidos y vibraciones molestas, olores, humo, higiene, basura, mascotas, cuestiones de medianería y construcción, entre otros, poseen una vía de solución mediante lo que se conoce como la mediación comunitaria.

A diario se busca darle solución a los delitos que están tipificados en el Código Penal y las faltas en el Código de Faltas y Contravenciones de la provincia de Mendoza. “Los que no, por ejemplo los conflictos vecinales menores, quedan en una suerte de limbo que pueden ser atendidos mediante esta valiosa herramienta que es la mediación comunitaria. Las mediaciones comunitarias actualmente se llevan adelante desde las municipalidades”, explicó Carlos Abdala, abogado de San Martín.

En ese sentido es que el departamento de General San Martín tomó la decisión -el lunes 12 de julio de 2020- de unirse al grupo que en Mendoza integran Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz, Las Heras y Junín.

“Queremos que el sistema se ponga en funcionamiento. Le vamos a dar curso a esto que tiene que salir porque le brindaría soluciones muy importantes a los vecinos de San Martín”, sentenció Raúl Rufeil, intendente del departamento del Este mendocino, durante la reunión en la que estuvo parte de su equipo comunal de trabajo.

Daniel Llaver, presidente del Concejo Deliberante de San Martín, confirmó que “los comisarios están muy consustanciales con la importancia de la mediación comunitaria en el departamento. El hecho de que haya una ordenanza le da valor a la mediación. Sin embargo vamos a trabajar para ver la manera de que el acuerdo entre vecinos tenga valor legal”.

Lorena Cepparo abogada mediadora judicial recordó que la ordenanza “depende de la Secretaría de Gobierno para la instrumentación de los centros de mediación municipal. En cuanto a recursos se necesitaría una oficina, el mobiliario, como una mesa para generar el diálogo, y una persona para completar los datos. Para validar el acuerdo se necesita la figura del mediador. Otra opción sería firmar un convenio con el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación. Y hasta contar con el asesoramiento del Centro de Capacitación Redes Alternativas”.

 

 

Según Llaver, “algunos conflictos se podrían solucionar en una reunión de mediación sin llegar al conflicto judicial. La policía está muy interesada porque todos los problemas en primera instancia llegan a esa fuerza de prevención. Lo que habría que ver es contar con los servicios de mediadores capacitados”.

“Aunque se avance en un acuerdo de mediación habría que ver que tenga algún tipo de homologación con el Poder Judicial. Habitualmente se hacen locaciones de servicios para poder contar con dos o tres mediadores. Habría que dar un paso hacia la homologación judicial”, marcó Mauricio Petri, secretario de Gobierno de San Martín. 

Claudia Ojeda, mediadora comunitaria del Barrio San Pedro, valoró que “será fundamental trabajar con las uniones vecinales” y para ello propuso avanzar con la confección de un mapa para la identificación de conflictos comunes de los vecinos de San Martín, “tal como lo sugirió Antonio Tula en la primera reunión que realizamos hace un poco más de un año”.

Antonio Tula, abogado mendocino y experto en mediación, en ese momento manifestó: “Sería valioso tomarnos un par de meses sin casos exclusivamente para ir visitando los barrios y confeccionando un mapa de conflictos. La preparación previa es clave tanto para sensibilizar dentro como fuera del municipio, que se sepa qué es lo que se va a hacer. Cuando hablamos de la fiscalía le podríamos dar una mano en las probation. Para eso necesitamos formar mediadores penales. Si trabajamos en la cuestión familia, lo mismo, hay que formar mediadores en ese fuero. Pero es muy valioso tener un acercamiento directo con los vecinos”. 

 

 

“Estuve leyendo la ordenanza, está bastante completa, es interesante la etapa preparatoria del centro que debería estar organizado en una red con la policía, con las escuelas, con la Justicia, con referentes barriales y con todos los interesados en utilizar este centro. Por eso me parece fantástico tener la presencia de la policía. La preparación, la formación y la sensibilización es importante, a través de charlas informativas, para que los involucrados estén el tanto de la herramienta y no crean que se trata de una cuestión burocrática más”, consideró además Tula.

Omar Nallim, abogado e integrante de la Fiscalía de Violencia de Género de Mendoza, en la reunión previa en la que participó Tula aportó que “se podría incluir en el proyecto lo que sería considerado en materia de faltas, que contemplen penas como multas y trabajos comunitarios, no las condenas privativas de la libertad. Respecto a las diferencias por cuestiones religiosas o morales hemos visto que una fuente son los distintos pensamientos religiosos pero si el conflicto es una cuestión como la basura o la medianera no hemos visto que sea un problema para alcanzar una solución. Debería haber un acuerdo interinstitucional con distintos actores para optimizar el trabajo de la comisión y evitar el fracaso de la iniciativa”. 

Por lo pronto, San Martín comenzará a trabajar en la conformación de una comisión para iniciar una agenda de tareas y la probable reforma de la ordenanza sancionada en 2016 para incluir la interacción con instituciones como la Justicia, la Policía de Mendoza, escuelas, clubes barriales, entre otros.

También para establecer redes de acción potenciales interinstitucionales, armar un mapa de conflictos vecinales, generar objetivos a cumplir en un escenario de gradualidad en los trabajos a realizar debido a la complejidad que podrá observar en un futuro la trama de conflictos que deberá atender el centro.