La Justicia inhibe los bienes de Eduardo Belliboni

El juez federal Sebastián Casanello dictó hoy la inhibición general de bienes al líder piquetero del Polo Obrero Eduardo Belliboni en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la administración de comedores sociales.

La medida incluye cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y cualquier otro medio económico – financiero.

Belliboni está citado a indagatoria en el marco de esta causa para el próximo 26 de junio, por los presuntos delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y extorsión.

Casanello interviene como juez federal porque el dinero para planes sociales y para la manutención de los comedores proviene de fondos públicos.

El magistrado investiga la presunta extorisión a los beneficiarios de los planes sociales obligándolos a asistir a los piquetes, marchas y otro tipo de acciones bajo la amenaza de sacarlos del sistema y por lo tanto algunas veces impedirles el acceso a los alimentos.Por otra parte este tipo de acciones de comprobarse, implicarían fraude a la administración pública.

Casanello indagará a 23 implicados en una serie de seis audiencias que comenzarán el 11 de marzo hastael 25 y posteriormente tomará testimonio a Beliboni quien cuenta con la asistencia de la abogada Liliana Alaniz.

Las pesonas a las que le recae también la medida judicial son: Jeremías Cantero, el segundo de Belliboni en el PO, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.

La causa se inició a partir de la habilitación del número 134 para denunciar presiones o actos de violencia para obligar a beneficiarios de planes sociales a participar de la marcha piquetera contra el gobierno de Javier Milei. De todas las denuncias que se realizaron en todo el territorio nacional el fiscal Pollicita logró la declaración de 5 testigos para fundamentar las acusaciones.

Fraude a la administración pública

Para el delito de fraude se detectaro pruebas consustentes en facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

Según se pudo constatar se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, dijo.