Por Ciudadano.News
30 Enero de 2024 - 11:56
Javier Milei, el actual Presidente, ha dado un paso audaz en su política de desregulaciones al autorizar a los colegios privados a fijar sus cuotas sin límites. Esta medida forma parte de la derogación de 69 normas que, según su criterio, "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado".
La norma derogada desde 2019 obligaba a los colegios privados a comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, quien, tras un análisis, decidía aprobar o rechazar los aumentos. Milei argumentó que esta relación entre escuelas privadas y educandos es similar a los "contratos de adhesión" y busca eliminar la intervención estatal en esta dinámica.
La derogación de estas regulaciones significa que los colegios privados podrán aumentar el valor de sus aranceles mensuales sin restricciones. Este cambio tiene un impacto diferenciado según el tipo de subvención estatal que cada colegio recibe para el pago de salarios.
En la práctica, la medida libera a los colegios de decidir las subas sobre el porcentaje no subvencionado. Colegios con el 100% de subvención seguirán dependiendo de las autoridades educativas para las subas, mientras que aquellos sin subvención podrán definir sin obstáculos los aumentos.
La decisión gubernamental llega justo antes del comienzo de clases, permitiendo a las escuelas aumentar los precios de las cuotas sin informar previamente a la Secretaría de Comercio. Javier Lanari, subsecretario de prensa presidencial, celebró la derogación, describiendo las regulaciones anteriores como "soviéticas" y resaltando la intención de reducir la burocracia, aumentar la transparencia y brindar mayor libertad a los consumidores. https://ciudadano.news/economia/bonos-acciones-o-plazos-fijos-en-que-instrumento-conviene-cubrirse-con-pesos
Sin embargo, la medida ha generado críticas. Walter Martello, Defensor del Pueblo adjunto de la Provincia, lamentó la derogación, argumentando que la norma anterior garantizaba el derecho de las familias a contar con información vinculada a los servicios educativos privados contratados para sus hijos. En medio de estas opiniones encontradas, la comunidad educativa se prepara para un cambio significativo en la dinámica de fijación de cuotas.
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