Higiene y seguridad: denuncian informalidad y descontrol

Prácticamente una década después de la primera iniciativa para que Mendoza se sume al orgulloso grupo de las 17 provincias argentinas que poseen sus colegios profesionales en higiene y seguridad laboral, que ordenan al sector profesional local, todo sigue en un punto muerto en la Casa de las Leyes provincial.

Desde que inició la gesta en 2011 con el primer proyecto ingresado en la Legislatura provincial, iniciativa que en 2015 perdió estado parlamentario y que luego en 2018 tuvo un nuevo empujón para que en febrero de 2021 se lograra la media sanción de la esperada ley, el proyecto sigue esperando su oportunidad de tratamiento final y aprobación.

“El proyecto ingresó a la Legislatura de Mendoza en 2011 y no tuvo tratamiento por lo que debí presentarlo nuevamente en 2015 debido a que perdió estado parlamentario. Pasaron tres años mas y luego de tanto insistir fue que tuvo su media sanción en Diputados y recién este año tuvo su tratamiento y aprobación en el Senado local aunque con algunas modificaciones por lo que debió volver a Diputados”, repasó Matías Aciar (foto).

Actualmente el proyecto para que Mendoza tenga su propio Colegio Único de Profesionales de Higiene, Seguridad y Ambiente está anclado en al comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, LAC, según lo que informa oficialmente la página web de la Cámara de Senadores mendocina.

“Desde ese momento el expediente quedó paralizado, no se ha movido más. Mientras tanto siguen saliendo al medio técnicos en higiene y seguridad y no hay alguien que se preocupe en ordenar a la profesión que ya aglutina a unos 9.700 profesionales egresados de los cuales solamente los matriculados son cerca de mil”, detalló Aciar.

Según el licenciado mendocino, “la diferencia es que tanto los técnicos como los licenciados que están matriculados pueden fijar un honorario pero tenemos que pagar unos 90 mil pesos a la caja previsional si no tenemos trabajo. Y el problema actual que el profesional que no está matriculado no tiene la obligación de pagar y la situación se sigue desordenando en cuestiones de informalidad, de ilegalidad”, marcó.

Para una provincia como Mendoza “la importancia de tener un colegio es que tendrá una organización representada propiamente por los profesionales del sector, que entienden perfectamente la problemática del sector, que a su vez tendrá un consejo de ética que regulará los honorarios que hoy están prohibidos desde tiempos de Domingo Cavallo. Actualmente los honorarios están regulados orientativamente y no hay forma de competir ya que no se pueden fijar legalmente gracias a los miles de egresados que nadie controla”.

Y comparó: “Sería como tener médicos sin matricular que nadie controle, por ejemplo, durante las operaciones a corazón abierto. Ni hablar de los casos de abusos como los que se ven a diario en obras de construcción, donde las mujeres no pueden prácticamente trabajar y ni siquiera pueden exigir tener un baño para ellas. En Mendoza actualmente hay casos que son una verdadera vergüenza, que no se controlan y mucho menos corrijan”.

“El colegio vendrá a poner un poco de rectitud, de orden. Llegará a Mendoza para normalizar una situación que hoy está descontrolada. Esto lo hemos explicado muchas veces en la Legislatura pero evidentemente no existe voluntad política para subsanar este grave estado de situación que se potenció en tiempo de pandemia. No nos basta con un abrazo o un café para que nos sintamos seguros”, lanzó Aciar.

Sin embargo “seguimos esperando que consideren el proyecto en la Orden del Día de la Cámara de Diputados, que salga un despacho de comisión y se trate sobre tablas. No es tan complicado el trámite, ya hemos transitado mucho y esta dilación le esta haciendo muy mal a la provincia de Mendoza. Lo que sí garantizamos es que no saldremos a la calle a protestar porque no es nuestro estilo y mucho menos en tiempo de pandemia”, aseguró.

A la vez, señaló que “es anacrónico seguir postergando una situación de realidad que afecta a los profesionales mendocinos en sus derechos, privando a la sociedad de tener tanto a los profesionales técnicos, licenciados, especializados u otros en higiene, seguridad y ambiente colegiados en su único hábitat natural”.