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DESAFÍOS DEL MERCADO

Debate por la desregulación inmobiliaria: análisis y alcances del nuevo proyecto oficial

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para liberar el mercado inmobiliario genera diversas posturas en el sector. Aspectos técnicos, la matriculación profesional y el impacto en las operaciones cotidianas.

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Por Ciudadano.News

4 Junio de 2026 - 13:38

El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, abrió un profundo análisis en el sector inmobiliario tras plantear modificaciones sustanciales en el ejercicio de la actividad, como la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula profesional. En una entrevista brindada al programa El Interactivo, el corredor inmobiliario Alberto Loyarte evaluó los alcances de esta iniciativa oficial y aportó una mirada técnica sobre la dinámica contractual y los desafíos estructurales que enfrenta el mercado de alquileres y compraventas en la actualidad.

El impacto de las normativas y la idoneidad profesional

Durante el intercambio, Loyarte argumentó que la intervención de un profesional matriculado aporta un marco de idoneidad y capacitación académica clave para brindar seguridad a las transacciones entre particulares. Explicó que las operaciones inmobiliarias medianas y pequeñas representan, en la mayoría de los casos, la inversión del patrimonio de toda una vida para las familias, por lo cual la asesoría técnica cobra un rol fundamental. Asimismo, señaló que el sector funciona actualmente como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), colaborando activamente en la transparencia y prevención del lavado de activos en el mercado de bienes raíces.

Por otro lado, el especialista analizó las experiencias de desregulación en países como España y Chile, indicando que las dinámicas globales tienden a revisar estos procesos para garantizar un ordenamiento formal. Finalmente, remarcó que las normativas de corretaje regulan contratos privados, pero que el verdadero desafío del sector radica en el diseño de políticas de Estado a largo plazo que resuelvan de manera integral el déficit habitacional del país, asegurando el acceso a la vivienda y promoviendo la previsibilidad jurídica para todas las partes involucradas.