Violencia de género y lo que no está funcionando: el reclamo urgente detrás de cada triste historia

Argentina volvió a estremecerse ante una cifra que se repite y genera repeluzno: 11 femicidios en apenas 13 días. Las historias, la violencia y la ferocidad detrás de cada caso conmueven a la opinión pública y vuelven a encender el debate sobre las políticas de género en el país.

"La cantidad y la ferocidad de esos crímenes, la violencia, lo espeluznante de las noticias, generan mucha conmoción en la ciudadanía. Es bueno que nos conmovamos y que resulte inaceptable que eso suceda", expresó Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en diálogo con el programa Sin Verso.

Sin embargo, la especialista advierte que lo terrible no es solo cuántos son los femicidios, sino que siguen sucediendo. "Las estadísticas oficiales de los últimos diez años, elaboradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se mantienen sustantivamente estables. Eso es lo trágico, porque se hicieron bastantes cosas para generar mecanismos de prevención, atención y contención, y claramente no están funcionando", sostuvo.

Según Gherardi, desarmar los avances logrados sería un error. "Lo que no hay que hacer es desarticular todo lo que se fue construyendo de a poco", enfatizó.

Explicó que la problemática de la violencia por razones de género es compleja y diversa, y que la mayoría de los casos ocurren en contextos de pareja o expareja. "Esto explica el 60 o 70% de los asesinatos de mujeres. Pero también existen femicidios cometidos por otros familiares, personas del entorno cercano o incluso en contextos de narco criminalidad", señaló.

Por eso, destacó la necesidad de políticas diferenciadas según el tipo de caso. "Para algunas mujeres, un refugio puede ser una buena opción; para otras, no necesariamente. Hace falta tener distintas políticas, diferentes opciones, porque los casos son distintos y hay que abordarlos de manera diferenciada", afirmó.

En el fondo, Gherardi identifica una desigualdad estructural que perpetúa la violencia. "Hay un desequilibrio de poder donde las mujeres muchas veces se encuentran en mayor vulnerabilidad. Si además de la violencia, esa mujer depende económicamente de su pareja, la vulnerabilidad crece", explicó.

En ese sentido, resaltó la importancia de políticas que promuevan la independencia económica, como el programa Acompañar, que ofrecía una ayuda económica temporal para mujeres en situación de violencia. "Son cosas muy importantes que se fueron desarmando", lamentó.

Hablar, pedir ayuda y denunciar: los pasos que aún cuestan

Los cambios sociales también se reflejan en la forma en que las mujeres comunican las situaciones de violencia. "La primera vez que hicimos una encuesta sobre este tema en la Ciudad de Buenos Aires, antes del 2015, eran 2 de cada 10 mujeres las que contaban a alguien cercano que habían sufrido violencia. Ahora son 5 o 6 de cada diez", detalló.

Ese avance, sin embargo, no se traduce en un aumento proporcional de denuncias. "Siempre son menos las que recurren a la justicia. Algunas pueden resolver sin ir a tribunales, y eso está bien. Pero muchas otras no saben qué hacer, creen que no es tan importante o desconfían de la justicia", señaló.

El problema, agregó, es que la denuncia no siempre representa el fin del peligro, sino el inicio de un proceso largo y difícil. "Muchas veces el momento de la denuncia pone a la mujer en mayor riesgo. Y el Poder Judicial no es necesariamente el lugar más contenedor ni de mayor comprensión", advirtió.

Para Gherardi, en Argentina no hubo retrocesos legales, pero sí en el discurso político. "Cambió la mirada de las autoridades y la bajada de línea. Están tratando de instalar la idea de que cuando las mujeres denuncian violencia o abuso infantil, están mintiendo o lo usan como estrategia. Eso genera culpabilización y desestimula a quienes realmente necesitan denunciar", alertó.

Aun así, remarcó que sigue habiendo personas que trabajan con convicción y compromiso en diferentes ámbitos: gobiernos provinciales, defensorías y el Poder Judicial. "Frente a la conmoción que sentimos con los últimos casos, tenemos que poner en valor lo que existe, mejorar lo que funciona mal y exigir que los gobiernos, municipales, provinciales y el nacional, tomen medidas concretas", concluyó.