Empresarios mendocinos apuestan por la minería sustentable

Ayer se reunieron empresarios mendocinos integrantes de la Asociación de Empresarios del Carril Rodríguez Peña (ADERPE) y de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) con los senadores del PJ mendocino Juan Antonio Agülles y Alejandro Abraham, autores de dos proyectos de ley modificando la norma 7.722, destinados a que la provincia tenga explotación minera metalífera sustentable.

Los empresarios dejaron plasmado su interés sobre ambos proyectos, que crearon polémica entre muchos sectores productivos y poblacionales de la provincia y que, además, recibieron el apoyo oficial en el Senado.

El Ciudadano estuvo presente en la reunión, en la que el senador Agülles explicó el basamento de su propuesta parlamentaria. “Al momento que fuera sancionada la Ley 7.722 no contábamos con herramientas como la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Inventario de Glaciares de la Nación, por lo que existían muchos grises que había que resolver. Por eso, hoy podemos avanzar en estos proyectos pensando en que la provincia de Mendoza tiene muy complicada toda su actividad productiva, porque la misma ha llegado a su límite máximo de crecimiento”, explicitó el senador justicialista.

Y agregó: “Entonces nosotros proponemos ampliar la matriz productiva a partir de la generación de distintos proyectos en los departamentos que tienen potencial minero, como Malargüe, que ha decidido hacer minería”.

“La propuesta –explicó más adelante el legislador– trata parques industriales mineros controlados y hace hincapié en la autonomía de los municipios. Esto significa que cada departamento podrá decidir si quiere llevar adelante la actividad minera. Para nada implica esto quitarle el espíritu a la Ley 7.722 de controlar. Por el contrario, se pone el acento en los controles, porque el proyecto lo reafirma. Porque además pone en valor los artículos 33º y 36º del Código Nacional Minero, que establecen dónde se puede hacer minería y dónde no. También se establece el control por parte del Ejecutivo con la creación de la Policía Minera, con un seguro ambiental con los cierres de minas”.

“Completa estas medidas, la creación en ámbitos del Poder Legislativo de una bicameral para el control de todo lo que establece la declaración de impacto ambiental. Un tercer control lo ejercería la autoridad provincial del agua, que constituye el Departamento General de Irrigación, que es el que da los permisos de uso de agua para cualquier emprendimiento”, resaltó Agülles.

Empresarios, por la minería sustentable

Empresarios de la UIM acompañaron a su titular, Mauricio Badaloni, y tomaron nota de cada artículo de las dos iniciativas parlamentarias de los senadores peronistas. De igual modo lo hicieron quienes estuvieron junto a Gloria Magnaghi, la presidenta de ADERPE.

Sobre lo tratado, Magnaghi le dijo a El Ciudadano que “la mayoría de los empresarios somos conscientes que ya la discusión no pasa por minería sí, minería no. Queremos saber cómo implementar o hacer minería en la provincia que sea sustentable”.

Respecto de la Ley 7.722, la empresaria consideró que “este instrumento tiene once años de antigüedad. En todo ese tiempo hubo cambios tecnológicos muy importantes que permiten hoy hacer más segura la supervisión de la extracción de minerales. A esto le debemos agregar un importante número de leyes, como la de suelo, de glaciares y de minería, entre otras, que permiten que hoy se haga minería correctamente”.

Consultada sobre el espíritu de la 7.722 en los controles de la utilización de sustancias químicas en la explotación minera metalífera, Magnaghi aclaró: “Los empresarios somos conscientes de que tenemos que hacer partícipes a todos los sectores de la ciudadanía en los controles, conformando un Consejo Consultivo, como tiene, por ejemplo, el Ente Regulador Eléctrico”.

“Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que se incorpore el poder de policía en estos proyectos que comienza a debatir la Legislatura, porque estamos convencidos que con todo esto podemos alcanzar una provincia con minería sustentable, tal cual lo hacen las provincias que nos rodean y la misma República de Chile”, resaltó la titular de ADERPE.