El Gobierno puso en disponibilidad a 50 empleados del INV y crece la incertidumbre

Luego de designar que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), un organismo clave para la economía mendocina y del país, pase a estar bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional resolvió poner en disponibilidad a 50 trabajadores del organismo. 

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 1240, se enmarca en la estrategia oficial de reducir estructuras estatales, aunque llega en un momento de fuerte controversia política y productiva.

Qué significa quedar en disponibilidad

Los empleados alcanzados por esta decisión mantendrán el cobro de un salario durante un período determinado, aunque con un monto inferior al habitual. Al finalizar ese plazo, el personal podría ser reubicado en otras áreas del Estado o, en caso contrario, despedido con la indemnización correspondiente.

El trasfondo político: un DNU en disputa

El pase a disponibilidad ocurre en medio de un clima de indefinición legal. Hace pocas horas, el Senado rechazó el DNU 462, que planteaba la disolución del INV junto al INTA y el INASE. De esta manera, la norma quedó sin efecto en el Congreso, lo que genera un vacío jurídico respecto al futuro inmediato del organismo vitivinícola.

El impacto en la industria vitivinícola

El INV no solo regula la producción de vinos y mostos, sino que también es responsable de fiscalizar la calidad, otorgar certificaciones y garantizar la competitividad en mercados internacionales. En Mendoza y San Juan, provincias líderes en producción, la decisión generó preocupación en bodegas y trabajadores, ya que la vitivinicultura es una de las actividades más relevantes de la economía regional.

Los planes del Gobierno para el INV

Según los fundamentos de la resolución, los empleados de planta permanente con estabilidad adquirida "quedan en situación de disponibilidad a partir del dictado de la presente, por el plazo que en cada caso se indica". 

La intención del Ejecutivo es que el INV deje de ser un ente autárquico y pase a funcionar como una unidad dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La medida abre un escenario complejo para la vitivinicultura argentina, ya que pone en duda la continuidad institucional de un organismo que históricamente tuvo un rol central en el desarrollo y la proyección internacional de la industria.