Por Ciudadano.News
1 Noviembre de 2021 - 13:47
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un aspecto de la ley 7.722 aunque, en gran parte, mantiene su vigencia.
En el programa En La Mira de FM 91.7, uno de sus co autores, el diputado provincial Jorge Difonso, destacó que esta decisión judicial tiene un aspecto bueno y otro malo, que se acentúa por los fallidos controles que realiza el país.
Lo bueno
Luego de que la Suprema Corte de Mendoza ratificó, en 2015, la constitucionalidad de la ley 7.722, una empresa apeló a la Nación por la generalidad del concepto que prohíbe la utilización minera de "otras sustancias", además de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico.
Para Difonso, que la Corte Suprema sólo declare inconstitucional ese punto de la ley, ratifica el resto: "En términos generales, ha declarado la plena vigencia y constitucionalidad de la 7.722, en lo que hace a la integridad de la misma, todos los artículos, especialmente donde dice la prohibición del cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en industrias metalíferas".
En ese sentido, el diputado también destaca que el fallo "obliga a que cualquier trámite para la autorización del avance del proyecto minero tenga que pasar la declaración de impacto ambiental por la Legislatura y esto da una participación de control ciudadano importante en los proyectos".
Lo malo
La preocupación manifiesta de Jorge Difonso refiere a que, sin la limitación de químicos que puedan resultar contaminantes, puedan generarse proyectos que impliquen riesgos para el medio ambiente.
"Este punto, podría estar vinculado con alguna posibilidad de un desarrollo de una empresa minera en Uspallata, Las Heras, con utilización de otros químicos que no sean cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, pero que pueden ser evidentemente contaminantes y que, por esto. requieren un control específico", expresó el referente del Valle de Uco.
Controles: el protagonismo de la ciudadanía
Frente a los posibles riesgos implicados en la nueva decisión judicial, el legislador mendocino destacó la importancia del control popular porque "en los últimos viente, treinta años, la Argentina ha fallado en los controles y, en este punto, es lo que más dudas o sospechas genera en la ciudadanía, respecto del control a todo tipo de desarrollo que pueda traer algún tipo de contaminación".
Al respecto, el funcionario destacó que "Mendoza es una de las pocas provincias que mantiene una ley que controla la actividad, que fue plenamente ratificada por la ciudadanía y que ejerce un control ciudadano sobre el desarrollo minero".
"No obstante, hay que estar muy atentos a los próximos pasos que se pueden dar", concluyó Difonso.
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