Denuncian que a miles de afiliados a la Caja Técnica se les impide trabajar

Unos 3 mil profesionales afiliados a la Caja Previsional Técnica de Mendoza es el número ventilado por un impedimento para poder trabajar y que más inquieta a quienes vienen denunciando a la actual conducción y que renovará mandato durante la segunda semana de diciembre.

Así lo hizo saber Matías Aciar, quien alertó principalmente sobre la situación que están atravesando esos profesionales que no pueden desempeñarse laboralmente “según el artículo 74, inciso a, porque tienen deuda con la Caja. Ese es el fundamental problema por el que reclamamos, por los 3 mil profesionales que están fuera del sistema y que no pueden ejercer su profesión”.

Esto se suma a la larga lista de problemas que se hizo visible en El Ciudadano, el 6 de octubre mediante la nota publicada por el periodista Daniel Gallardo, momento en el que se ventilaron anormalidades, cruces de notas, advertencias, bloqueos de asunción de representantes y amenazas de hacer intervenir a la Justicia en la entidad de previsión social mendocina.

Además de reclamar por esos profesionales, el licenciado en higiene y seguridad, aseguró que en las recientes elecciones “solamente votaron 200 de los casi 4 mil que actualmente están aportando. Las elecciones venían demoradas lo que significó la interposición de algunos recursos de amparo y finalmente se efectuaron el 23 de octubre. Es una vergüenza que solo haya votado ese escaso número de afiliados para que se mantengan en el poder siempre los mismos”.

“Actualmente quienes reclamamos somos un grupo de trabajo integrado por maestros mayores de obra, arquitectos, ingenieros y profesionales en higiene y seguridad que hemos descubierto diversas situaciones anómalas. Por ejemplo, que el Fondo de Reserva tiene unos U$S 57 millones y no se sabe dónde está ese dinero. Dicen que está invertida pero nadie la encuentra”, manifestó.

Pero para Aciar el hecho de que no puedan trabajar miles de profesionales es lo más grave de todo lo denunciado: “La verdad es que estamos asombrados con la manera que tratan a quienes no pueden realizar sus aportes debido a la crisis económica que no inventamos nosotros. Esa gente no lo hace porque no llega a fin de mes. Estar fuera del sistema no es una elección, a veces no queda otra salida”.

“El mínimo ha ido aumentando paulatinamente en proporción al costo del metro cuadrado de construcción que fue desde $13mil hace 10 años y se espera para 2022 un valor superior a $142 mil pesos. Ese mínimo se obtiene de un estudio actuarial que prevé un funcionamiento de la caja a 100 años asegurando a todos una jubilación mínima o de acuerdo a sus aportes”, explicó.

Esos aportes “son para todos iguales en cuanto a labores para garantizar o al menos no fomentar una competencia desleal, porque los honorarios están desregulados y cada uno cobra de acuerdo a sus posibilidades. Eso es un problema porque se paga lo mismo en proporción al metro cuadrado. El aporte es igual para un propietario que paga un honorario de $1.200 por metro cuadrado al de uno que paga U$S 100 por metro cuadrado, por el mismo tipo de obra. Esto es una competencia desleal y abusiva”, detalló.

El hombre que viene batallando hace tiempo por un Colegio de Higiene y Seguridad que regule el sector que representa, hoy dentro del Colegio de Ingenieros y Geólogos, insertos en la Caja Previsional Técnica, apuntó que “es vital y necesario poner en conocimiento de la opinión pública, empresas, organismos de control y del resto de los profesionales que se ven implicados, que a esos profesionales hoy se les niega la posibilidad de trabajar desobedeciendo el el Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional”.

“Estos profesionales están agotados por la falta de respuestas. A ello se  le suma la pandemia, los problemas económicos, la falta de empleo con un provincia con un índice de 50% de desempleo local, las altas tasas de interés, y el accionar de las autoridades que todavía continúan trabajando en forma remota”, amplió.