Sueldos de locura: cuánto ganan realmente los jueces en Mendoza

Los sueldos de los jueces en Mendoza vuelven a estar en el centro del debate público. En los últimos meses circularon versiones que atribuían a los magistrados salarios millonarios, incluso sumas que supuestamente podrían llegar a los $20.000.000 mensuales. Sin embargo, el propio presidente reelecto de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay habló sobre las cifras de la estructura salarial del Poder Judicial provincial.

Cuánto cobran los jueces en Mendoza

La remuneración de los magistrados está compuesta por un básico, distintos ítems remunerativos, adicionales por función y el componente clave del sistema: la antigüedad.

Según los datos oficiales, un juez civil de Primera Instancia sin antigüedad percibe un salario cercano a los $2.400.000, cifra considerablemente inferior a las estimaciones que circulan en redes sociales.

El esquema salarial reconoce un fuerte impacto de los años de servicio. Con 30 años de antigüedad, la remuneración puede duplicar el básico y alcanzar valores en torno a los $7.800.000, monto que incluye las retenciones correspondientes, entre ellas el impuesto a las Ganancias.

De esta manera, la escala salarial se compone aproximadamente así:

• Juez de Primera Instancia sin antigüedad: alrededor de $2.400.000
• Jueces con alta antigüedad o miembros de la Corte: entre $6.000.000 y $8.000.000, según el cargo y las deducciones aplicadas
• En ninguno de los casos los sueldos de los jueces alcanzan los $20.000.000, cifra que no forma parte de la estructura del Poder Judicial mendocino.

Un salario diseñado para garantizar independencia

El diseño de los sueldos de los jueces responde, además, a un principio estructural: asegurar la independencia judicial. Una remuneración competitiva y estable busca impedir que factores externos, políticos, económicos o mediáticos, influyan en la toma de decisiones y preservar la autonomía del Poder Judicial.

En este marco, los salarios se establecen para sostener la imparcialidad, evitar presiones y garantizar que los jueces puedan actuar con plena libertad de criterio.