COPREC: alarma por la posible pérdida de un recurso clave para los consumidores

En el 2014, y en conjunto con la entrada del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se sancionó la Ley 26.993 que creó el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). Desde su implementación hasta la actualidad, el organismo, que actúa a nivel nacional, facilita la resolución accesible y ágil de conflictos, como también evita que gran parte de los reclamos lleguen a la instancia judicial, algo que fue esencial durante la pandemia.

Sin embargo, el Gobierno avanzaría con la desarticulación del COPREC a partir de enero próximo, y desde el organismo anunciaron que llevarán adelante "todas las acciones tanto en el ámbito administrativo como así también judicial" para defender a los profesionales y su fuente de ingreso y garantizar el acceso a la justicia de los consumidores.

Guillermo González, presidente de la Unión de Mediadores Prejudiciales, manifestó su preocupación en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News: "No entendemos por qué se está planteando esto, son 9 exitosos años de funcionamiento del sistema".

En ese sentido, destacó el funcionamiento del servicio: "Para mí es uno de los mayores beneficios que tienen los consumidores para que puedan acceder a un sistema ágil, gratuito, seguro y hablo de seguridad jurídica, hace un tiempo, ya que lo pueden hacer desde sus casas, de su trabajo, entonces si lo miramos desde el punto de vista de los consumidores es maravilloso".

Y agregó: "El sistema roza la perfección desde el punto de vista de la mirada de los consumidores. Los conciliadores han sido abogados, fueron mediadores, que tuvieron que hacer capacitación y examen para serlo y después, finalmente tuvieron que hacer una capacitación específica para ser conciliadores de consumo y después una evaluación, es decir, estamos ante profesionales de excelencia".

"Estamos próximos a una nueva reunión con la gente de Secretaría de Comercio para ver si nos puede dar una explicación", comentó González.

A su vez, explicó que son entre 300 y 700 personas que se quedarían sin la posibilidad de brindar estos servicios profesionales, donde todos son o monotributistas, o independientes y cobran en función de los acuerdos que se hacen. "Hay un pago que debe hacer el Estado cuando no hay acuerdo, pero la realidad es que no lo pagan y cuando lo pagan son monedas porque lo pagan muchos años después y quedan establecidos fijos en el tiempo", aseveró.

Por último, ratificó que los prestadores del servicio no son empleados del Estado: "Los honorarios los cobramos de las empresas que habiendo incumplido sus deberes con la defensa de derechos del consumidor obviamente tienen la consecuencia de los honorarios, que tampoco son racionales, diría que son bajos, pero así se financian entonces, que la Secretaría de Comercio esté pensando en esto, no se entiende por qué no es una cosa de la motosierra".

"No se puede dejar a los consumidores desamparados porque es insólito", concluyó.