La nueva regla que deben cumplir los colegios privados porteños para no dejar familias en la calle

Tras una serie de cierres inesperados que dejaron a cientos de alumnos sin banco a fin de año, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió poner fin a la incertidumbre. El Ministerio de Educación porteño, encabezado por Mercedes Miguel, reglamentó un protocolo obligatorio para el cierre de colegios privados, buscando garantizar procesos ordenados y el resguardo de las familias.

Plazos estrictos y aval oficial

A partir de ahora, cualquier institución que decida cancelar su servicio deberá presentar una solicitud formal ante la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) con una antelación mínima de cinco meses. Específicamente, el trámite debe realizarse, como máximo, el 31 de julio del año anterior al cierre. Esta medida surge tras casos críticos, como el del Instituto Formar Futuro, donde 300 familias se enteraron de la clausura con el ciclo lectivo terminado y los directivos inubicables.

La crisis del sector no es solo económica; responde a un fenómeno demográfico alarmante. Según datos oficiales, la matrícula de ingresantes a primer grado cayó un 25% respecto de 2020 debido a la baja natalidad. Este descenso, sumado a la morosidad y los altos costos operativos, ha dejado a muchas escuelas en una situación de vulnerabilidad extrema.

Con la nueva normativa, las instituciones deben presentar un cronograma de comunicación clara con el personal y las familias, además de una declaración jurada para el resguardo de la documentación oficial. El objetivo es que ningún estudiante pierda su escolaridad por maniobras financieras o cierres de último momento, obligando a los dueños a reportar cualquier riesgo de continuidad para recibir asesoramiento previo.