Celular y redes sociales en cárceles: la controversia que rodea a Nahir Galarza

Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de su pareja, Fernando Pastorizzo, presentó un polémico pedido ante la Justicia de Entre Ríos: solicita usar un teléfono celular y tener acceso a redes sociales desde la Unidad Penal N°6 de Paraná. 

La solicitud de la joven rea de 26 años, presentada el 1° de septiembre de 2025 por su abogado Augusto Lafferriere, será evaluada por la jueza Elena Margarita Vicari, titular del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Gualeguaychú.

Argumentos de la Defensa

El pedido de Galarza se fundamenta en su conducta ejemplar y su compromiso con la reinserción social durante su tiempo en prisión. Entre los aspectos destacados:

• Ha completado 15 capacitaciones y cursos de formación, tanto de oficios como educativos.
• Actualmente, cursa estudios terciarios en Psicología Social, lo que demuestra su intención de continuar desarrollándose académica y personalmente.
• El uso de un celular con acceso a Internet permitiría mantener contacto con su entorno familiar y afectivo, al mismo tiempo que facilita sus estudios y actividades formativas.
• La defensa argumenta que estos beneficios no comprometerían la seguridad del penal, sino que contribuirían a un proceso de reinserción social efectivo y monitoreado.

Antecedentes y precedentes judiciales

El caso de Nahir Galarza tiene alta exposición mediática desde 2017, año en que fue condenada por homicidio agravado, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir la pena máxima en Argentina. Su liberación está proyectada para 2052, y en 2031 podría solicitar salidas transitorias bajo fines familiares o sociolaborales.

No es la primera vez que Galarza se relaciona con tecnología y redes sociales en prisión. En 2019, difundió fotos desde su celda que generaron repercusión masiva, lo que derivó en la intervención del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y sanciones disciplinarias. Desde entonces, mantuvo cero presencia digital autorizada, reforzando la argumentación de su defensa sobre cumplimiento de normas y conducta responsable.

Proceso judicial y plazos

Tras recibir la solicitud, el juzgado ordenó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF), que cuenta con 24 horas para expedirse sobre la petición. El MPF debe evaluar si otorgar acceso a un celular no compromete la seguridad penitenciaria ni contraviene la normativa vigente, un aspecto clave en la regulación de dispositivos electrónicos en cárceles.

Dependiendo del pronunciamiento del MPF, la jueza Vicari podría:

• Rechazar la solicitud, manteniendo la restricción total de acceso a tecnologías.
• Autorizar el uso limitado de un dispositivo bajo condiciones estrictas, como supervisión constante, restricciones horarias o limitación de aplicaciones, asegurando que se cumplan fines educativos y de reinserción social.

Debate público y perspectiva Social

La solicitud de Galarza reabre el debate en la sociedad argentina sobre los derechos de los internos frente a la seguridad y disciplina penitenciaria. Entre los puntos de discusión:

• Derechos humanos y educación: mantener vínculos familiares y acceso a educación como parte del desarrollo personal de cualquier persona privada de libertad.
• Riesgos de seguridad: posibles conductas ilícitas como organización de delitos, extorsiones o fraudes desde la prisión.

Especialistas coinciden en que la autorización es viable en contextos controlados, siempre que exista un sistema de monitoreo y supervisión adecuado. Sin embargo, la decisión podría sentar precedentes en casos de alta exposición mediática, generando repercusiones en otros procesos judiciales y en la percepción pública sobre privilegios dentro del sistema penitenciario.

El futuro de esta solicitud dependerá del análisis técnico del MPF y la resolución judicial de la jueza Vicari, y promete influir no solo en la vida de Nahir Galarza, sino también en el debate nacional sobre tecnología, derechos de los internos y reinserción social. 

La decisión final marcará un precedente relevante en la gestión penitenciaria en Argentina, al equilibrar seguridad, disciplina y derechos fundamentales.