Buscan limitar beneficios a condenados por delitos graves y frenar la "puerta giratoria"

El diputado provincial Edgardo Civit Evans, de la Unión Mendocina, fue entrevistado por Círculo Político, por Ciudadano News, en relación con ciertas modificaciones que atañen a la seguridad. El legislador se refirió a un crucial proyecto de reforma a la ley 8465, cuyo objetivo es modificar drásticamente el proceso de salidas transitorias, el régimen de semilibertad, de libertad condicional y la libertad asistida.

La iniciativa, que busca limitar los beneficios a condenados por delitos graves, surge como respuesta a la alarma e indignación social generada por casos donde delincuentes condenados por crímenes graves vuelven a reincidir tras obtener beneficios de libertad anticipada. Civit Evans enfatizó que es necesario "terminar con la puerta giratoria", un mecanismo que permite a los presos salir antes de tiempo. Este proyecto, que ya fue aprobado por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se aplica a la justicia penal de Mendoza y está enfocado en penas graves como el homicidio, femicidios, y violación seguida de muerte.

 

 

 

Los casos testigo y la deuda con las víctimas

La necesidad de esta reforma se hizo evidente tras analizar casos resonantes de reincidencia criminal. El legislador recordó el trágico ejemplo del policía Héctor Pedalle, asesinado por alguien que se encontraba gozando de libertad condicional, y también el caso del juez Sebastián Sarmiento, quien "está sometido a Jury de enjuiciamiento precisamente por eso", en referencia a su resolución en el caso del homicida de Pedalle.

El foco principal del proyecto, según Civit Evans, es proteger a la comunidad, y aseguró que "lo más trascendente es por la sociedad, por los familiares de las víctimas que son afectadas por estas estos delincuentes". El propósito es evitar que los presos logren salir antes de tiempo "a pesar de que ya habían cometido delitos muy graves", lo que beneficia esencialmente a la sociedad que "quiere terminar con aquello de la puerta giratoria".

Nuevo marco para la discreción judicial

La propuesta busca limitar las atribuciones que hoy tienen el servicio penitenciario y los peritos para avalar salidas transitorias, y pone en marcha dos etapas: si bien el juez sigue siendo el principal partícipe en la decisión, de aquí en más el magistrado "debe tener especialmente en cuenta la opinión favorable o desfavorable" de los organismos técnicos (psiquiátricos, psicológicos, criminológicos y penitenciarios). En este sentido, el diputado expresó que "no va a ser tan fácil dejar en libertad así porque sí al condenado". Si el juez decide otorgar la libertad, deberá fundamentar rigurosamente su decisión.

Además, se busca evitar que los presos pidan constantemente el beneficio: se pone un plazo máximo de 12 meses para la validez de la opinión técnica, y los reclusos solo podrán solicitar la libertad asistida una sola vez por año. "El proyecto garantiza que exista una verdadera justicia, buscando que el condenado cumpla con la condena por la que realmente fue condenado".