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30 años después

Alejandro Rúa: "La obligación del Estado es seguir investigando el atentado a la AMIA"

El exsecretario ejecutivo de la Unidad Especial de Investigación del hecho habló de la condena a la Argentina por un deliberado encubrimiento.

Redacción

Por Redacción

19 Julio de 2024 - 07:34

Alejandro Rúa: "La obligación del Estado es seguir investigando el atentado a la AMIA"

Este jueves se cumplieron 30 años de la voladura de la AMIA, el mayor atentado terrorista de la historia argentina y de la región, del cual se espera todavía el esclarecimiento final y la condena que nunca llegaron.

Al respecto, el abogado Alejandro Rúa, exsecretario ejecutivo de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, y autor del libro 30 días: La trama del atentado a la AMIA, expresó en Círculo Político, de Ciudadano News Radio, que el de ayer fue "un día de conmemoración y reclamo por las víctimas sobre todo, y tenemos que tener claro en nuestro país que hace un mes le fue aplicada a la Argentina una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso". 

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Alejandro Rúa investigó los detalles del atentado más terrible de la historia de nuestro país y la región.

"Se condenó al Estado por no haber prevenido el atentado, por haber tenido alertas de que iba a suceder el segundo atentado, por estar siguiendo o investigando a los que habían cometido el primero dos años antes en la embajada, y pese a eso no haber desplegado medidas razonables para evitar que suceda. Lo responsabilizó por la violación del derecho a la vida de las 85 personas que murieron", agregó Rúa, que conoce el caso como pocos.

"Pero además lo condenó por el deliberado encubrimiento del atentado, que el Estado argentino fue responsable por haber omitido deliberadamente una investigación eficiente y haber presentado durante al menos una década una solución falsa del caso y en los años posteriores no haber desplegado una investigación exhaustiva y diligente que permita superar aquella etapa de encubrimiento con la posibilidad de una verificación judicial de las responsabilidad y de los hechos. Esto es lo más grave que tiene el caso y por lo que ha sido condenada Argentina", continuó el investigador.

"El Mosad presentó hace algunos años un informe sobre el atentado a la Embajada de Israel y sobre el atentado a la AMIA, dando cuenta que el mismo grupo de personas cometió los dos hechos. Este grupo de personas, que es lo que cuenta la trama del libro que estoy presentando, está asentado en Buenos Aires y en la región, algunos de ellos en la Triple Frontera, algunos en Brasil desde 6 ó 7 años antes del atentado a la AMIA, y ya se tenía la sospecha después del atentado a la Embajada que ellos lo habían cometido", explicó después.

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Y continuó detallando que "esto hizo que la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) los tuviera como objeto de vigilancia con las sospechas que tenían de que habían cometido el atentando a la Embajada, y cuando llegaron las alertas de Israel -sobre todo de que podría volver a suceder un segundo atentando- en julio de 1994, a pedido de el Mosad, la Secretaría de Inteligencia empezó a desplegar actividades de mayor control y seguimiento de este grupo, con intervención de teléfonos y seguimientos personales, pero no fueron medidas suficientes para poder evitarlo".

"Una vez que se concretó el segundo atentado se muestra también que a los pocos días ya hubo una presión internacional que llevó a la formación de una acción unificada entre el Estado argentino y el de Israel, que aún hoy se mantiene, que atribuye la responsabilidad a los iraníes, al Hezbolá y a una conexión local. Esto también fue verificado a los pocos días de cometido el atentado y se mantiene hasta hoy. Hubo un juicio por el encubrimiento en el que fueron condenados el juez  y los fiscales y el jefe de inteligencia, que todavía no terminó porque no está firme la sentencia, y estaba acusado (Carlos) Telleldín", dijo el entrevistado.

"La obligación del Estado es seguir investigando, y la Corte Interamericana le ha dicho que debe remover todos los obstáculos legales de hecho y derecho para concretar de una vez una investigación eficiente, eficaz y diligente que permita alguna vez llegar a la verdad del caso. Es una obligación estatal llevarlo adelante y es parte del reclamo de las víctimas que se concretó hoy (por ayer). Estuve en Plaza Lavalle donde se manifestaron contrarios a la política del juicio en ausencia porque lo que se reclama es una investigación eficiente", concluyó Rúa.