Tensión política: la oposición no acompañará ninguna ley del Gobierno

Los diputados opositores de Juntos por el Cambio anticiparon su estrategia frente a la embestida del presidente Alberto Fernández contra la Corte Suprema. Primero, buscarán debatir y refutar los argumentos del enjuiciamiento en la comisión de Juicio Político. Segundo, tratarán de acortar el proceso de investigación para evitar el desgaste de los jueces.

Sin embargo, como la oposición no tienen mayoría en la comisión, usarán una carta para condicionar al Gobierno: negarán el quorum en comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados para tratar las leyes que requiere la Casa Rosada mientras el enjuiciamiento siga en curso. Lo que significa que, cuanto más tiempo se prolongue la arremetida oficialista contra la Corte, más tiempo se demorará la sanción de las iniciativas necesarias para el Poder Ejecutivo.

“Nuestro objetivo primordial tiene que ser tratar de que este embate contra la Corte Suprema, que tanto daño al Poder Judicial y al país termine lo antes posible –anticipó Pablo Tonelli, diputado y miembro del Consejo de la Magistratura–. Ese tiene que ser nuestro objetivo: que se desestime muy rápidamente este pedido de juicio político, no solo porque es un disparate, sino porque hace imposible todo tipo de diálogo entre el oficialismo y oposición en el Congreso.”

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, se expresó en la misma sintonía: “La decisión del gobierno nacional de arrancar la última quincena de enero el juicio político a la Corte va a modificar toda la agenda parlamentaria de este año –sentenció–. El gobierno nacional se mete en un problema, y nos mete a todos los argentinos en un tema de gravedad institucional que no podemos permitir”.

La estrategia opositora es para presionar al ministro de economía, Sergio Massa, mediante el uso del quorum para condicionar al Gobierno, ya que el ministro había negociado con sectores de la oposición para avanzar en el tratamiento de leyes clave para su gestión.

Con el conflicto institucional instalado en el Congreso, se esfuma la posibilidad de que estas iniciativas, como las de fomento a la agroindustria, la exportación de gas natural licuado y un monotributo para el sector tecnológico, puedan ser aprobadas antes del arranque del calendario electoral.

“Tenemos que estar presentes para controlar la producción de la prueba que intentará reunir el oficialismo. Si ellos citan a sus testigos, nosotros debemos hacer las preguntas correspondientes para que no les sea tan sencillo el trámite. Veremos en su momento si pediremos testigos también, el objetivo primordial debe ser que el proceso sea lo más corto posible”, marcó Tonelli, en constante comunicación con el resto de sus compañeros de la comisión.

En la misma sintonía se expresó el Alejandro “Topo” Rodríguez, del interbloque Federal. “Sin dudas, corresponde participar en la Comisión activamente para fijar posiciones”, enfatizó.

“En Juntos por el Cambio tenemos claro que vamos a actuar conjuntamente, podrá haber matices u opiniones distintas, pero es un tema en el que Juntos por el Cambio tiene que tener un accionar monolítico y de volumen institucional –sostuvo el cordobés De Loredo–. Nosotros nos inclinamos a no dar quórum en la comisión, que lo tengan que conseguir ellos y, de conseguirlo ellos, asistir en una primera instancia con fuertes argumentos técnicos y legales para dejar sentada la postura de la improcedencia de este pedido. Luego evaluar si es conveniente asistir al chiquero o deslegitimarlo, ya que de seguro ellos van a querer dilatarlo en el tiempo”.

El bloque se encuentra en un ‘área gris’ en lo que al rumbo de acción refiere, es el de Evolución Federal, que responde al senador Martín Lousteau.

La única representante de esa bancada en la Comisión de Juicio Político es Carla Carrizo. El jefe de la bancada, Rodrigo De Loredo confirmó, sin embargo, que no se desmarcará de la estrategia que fije Juntos por el Cambio, cuyos principales dirigentes se reunirán este martes.

La estrategia opositora incluye no habilitar el tratamiento de las leyes que el Poder Ejecutivo requerirá durante el período extraordinario de sesiones, lo que impide que iniciativas claves como la fomento a la exportación de gas natural licuado (GNL) y la de desarrollo de la agroindustria, que habían sido desbloqueadas (en un preacuerdo con la oposición) por el ministro de economía, puedan ser aprobadas.

Sin el apoyo opositor es difícil para el oficialismo avanzar en su labor en el Congreso, y el conflicto institucional con la Corte Suprema agrava aún más la situación, paralizando totalmente el proceso de aprobación de leyes.