Causa Cuadernos: los bolsos de la ruta del dinero K acorralan a Cristina Kirchner

La tercera audiencia del juicio oral de la causa 'Cuadernos de las Coimas' expuso detalles que tensan la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Al ventilarse los testimonios de exfuncionarios y empresarios acogidos al régimen de "imputados colaboradores", la Justicia avanzó en la descripción del circuito de recaudación ilegal, cuyo destino final fueron los domicilios que la exmandataria ocupó durante sus gestiones, consolidando la narrativa de la fiscalía sobre su rol como jefa de una asociación ilícita.

Los documentos leídos ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) ratificaron que la logística del dinero en efectivo no se circunscribió a un único punto. 

Oscar Centeno, exchofer y autor de las anotaciones que dieron origen al expediente, detalló las entregas de dinero en la Quinta Presidencial de Olivos y, posteriormente, en el departamento de Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El testimonio de Centeno es contundente, ya que describe cómo el esquema continuó operando incluso tras el fallecimiento de Néstor Kirchner. 

Según se leyó en la audiencia, el exchofer aseguró: "En la época de Cristina también llevábamos los bolsos con dinero. Se la veía a ella en jogging cruzando hacia el chalet donde se dejaba el dinero". 

Este relato es crucial porque ubica a la expresidenta en la escena de las entregas en la residencia oficial, desdibujando cualquier argumento de desconocimiento.

Olivos y Recoleta: la extensión del circuito ilícito

Otro de los testimonios leídos, correspondiente al exfuncionario Claudio Uberti, reforzó la implicación del domicilio particular de CFK.

Los dichos de Uberti, extitular del Occovi, aportaron un dato sensible sobre la magnitud de los fondos: relató que en el departamento de Recoleta se guardaban cifras astronómicas. 

Sobre la jornada del deceso del expresidente, Uberti habría tomado conocimiento de que "el día que murió Néstor Kirchner había más de 60 millones de dólares en el departamento de Juncal".

La acumulación de evidencia en distintos puntos neurálgicos, desde la casa presidencial hasta el bunker privado, establece para la acusación una geografía delictiva que compromete de lleno a Cristina Kirchner. 

Los bolsos de dinero no solo eran parte de una rutina de recaudación empresarial, sino que tenían como destino las dos principales residencias de la entonces Jefa de Estado.

La estrategia de defensa: lawfare y nulidades

Frente a la contundencia de los testimonios de los arrepentidos, la defensa de la expresidenta, liderada por su abogado Carlos Beraldi, ha mantenido una estrategia doble:

• Lawfare y persecución política: Sostener que la causa forma parte de una "opereta judicial" y una estrategia de lawfare destinada a la proscripción y el disciplinamiento político. La propia CFK ha asegurado que los cuadernos fueron "fabricados" y que no existe prueba material en su contra.
• Ataque a la prueba: Buscar la nulidad de la causa, argumentando fallas de origen o la supuesta coacción y "tortura" de los imputados colaboradores para forzar sus declaraciones. También se rechazó la estrategia de aplicar la "cosa juzgada" que la defensa había planteado, buscando evitar el enjuiciamiento por asociación ilícita basándose en su condena previa en la 'Causa Vialidad'.

Complejidad probatoria y riesgo de condena

En contrapartida, el Tribunal dio lectura a los descargos de la expresidenta, quien negó categóricamente las imputaciones y calificó la causa como una investigación armada. 

Sin embargo, la crudeza de las declaraciones de los arrepentidos, que detallan movimientos específicos y lugares concretos como Olivos y Recoleta, representa un desafío probatorio de extrema complejidad para su defensa.

De ser hallada culpable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y coautora de cohecho pasivo (cobro de sobornos), la expresidenta arriesga una pena de hasta 12 años de prisión, según lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal en el curso de la investigación. 

Este riesgo penal, sumado al desarrollo del megajuicio virtual, marca uno de los momentos judiciales más delicados para la exmandataria.