Presentaron proyectos de ley para combatir el crimen organizado

El presidente Javier Milei envió cuatro proyectos de ley en materia de seguridad al Congreso. El objetivo es abordar la lucha contra el crimen organizado de manera integral.

El paquete está integrado por una nueva "Ley Antimafias; la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos; la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber para resguardar planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos". 

Estas medidas son consideradas como  "fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina" por parte del Gobierno.

Ley Antimafias

Apunta contra las organizaciones criminales y está diseñada para que pueda aplicarse en varios delitos.  "La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero", expresó Bullrich.

En el proyecto "se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal".

"Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación", expresa la ley. Además, "crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación". 

Por otro lado, la ley propone que, en caso de ser aprobada, aplicará la pena del delito más grave a todos los miembros de la organización. Al mismo tiempo, con el objetivo de menguar los recursos de los criminales, se aplicaría la extinción de dominio de cualquier bien que, presumiblemente, sea producto de sus actividades y será transferido al dominio del Estado Nacional.

Reiterancia

El proyecto del Poder Ejecutivo incorpora el concepto de reiterancia. A diferencia de la ley vigente, que considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva, si se aprueba la ley no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Es decir, si se concurren dos hechos separados, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo registro de Datos Genéticos

La propuesta es ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del "Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal", en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación, de forma similar a la forma en que funciona en otros lugares del mundo. 

De ahora en más, el registro se extendería a todos los delitos y no solo a los cometidos por ofensores sexuales, "lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich".

Orden público y legítima defensa

Finalmente, el texto considera que, muchas veces, los efectivos de las fuerzas de seguridad "se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa".

Por ese motivo, el proyecto busca actualizar el Código Penal y poner la mirada en "la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos”. "Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo", señalan los fundamentos.

Los proyectos llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse, y de los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona respectivamente.