Patricia Bullrich respaldó el protocolo antipiquete ante la Justicia
El juez Casanello escuchó los argumentos de Seguridad y del MTS en una audiencia que pasó a cuarto intermedio
Por Redacción
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, defendió el protocolo antipiquete ante la Justicia. La audiencia fue dispuesta por el juez Sebastián Casanello luego de las denuncias de movimientos de izquierda y se realizó en el segundo piso de Comodoro Py.
El Ministerio presentó su defensa de la implementación del protocolo en términos políticos, misma que ya habían presentado por escrito en el descargo ante el juez.
El MTS (Movimiento de los Trabajadores Socialistas), por medio de la legisladora porteña Celeste Fierro, es el principal opositor al protocolo porque considera que incrementa el poder de las fuerzas de seguridad ante una protesta sin recurrir a una orden judicial.
Ante esta situación, Casanello escuchó a ambas partes, a las que les realizó distintas preguntas, al mismo tiempo que la fiscal federal Patricia Ochoa. Luego, la audiencia pasó a cuarto intermedio hasta la próxima semana, aun sin fecha ni horario definido.
En contra del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" se encuentra Fierro, quien considera que es inconstitucional. Esto es lo que llevó al pedido de Casanello al Ministerio de Seguridad de presentar informes sobre la elaboración y aplicación de esa normativa.
Desde la cartera que comanda Patricia Bullrich aseguraron que el protocolo es legal y que se dictó dentro de las competencias del Ministerio. Al mismo tiempo, expresaron que no hay denuncias de abuso por parte de fuerzas de seguridad desde su implementación.
“La Resolución ahora cuestionada no transgrede disposición alguna, ni de la Constitución Nacional, ni de los Tratados sobre Derechos Humanos, menos aún las normas internacionales del Trabajo, en particular el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación”, remarcó el Ministerio.
Por ese motivo, el juez determinó dictar una medida que actúe “como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales”. Luego, advirtió: "Los términos del protocolo se traducen en instrucciones a las fuerzas de seguridad que pueden ser a priori confundidas como habilitación de poder punitivo por fuera de la norma penal emanada del poder legislativo y/o de interpretación reservada al poder judicial”.
Por ese motivo, ordenó que "frente a situaciones que impliquen la posible comisión de un delito contemplado en el Código Penal, el personal de las fuerzas de seguridad deberá, a la par de proteger los bienes jurídicos amenazados, efectuar la inmediata consulta con el Juzgado y/o Fiscalía de turno correspondiente”.
“Las fuerzas de seguridad tienen un rol de auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal", concluyó Casanello.