Más de 60 organizaciones cuestionaron el decreto que limita el acceso a la información pública

En un comunicado conjunto, múltiples organizaciones sociales, de derechos humanos y de la sociedad civil expresaron su preocupación por el decreto 780/24, firmado por el presidente Javier Milei, que restringe el acceso a la información pública. 

Las entidades firmantes sostienen que el decreto representa un retroceso  en materia de transparencia, al ampliar de manera discrecional las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada por la ciudadanía. Entre los firmantes están ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Amnistía Internacional, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y Poder Ciudadano. 

El decreto 780/24, según expresan las organizaciones, contradice los principios establecidos en la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, sancionada en 2016, al otorgar a los funcionarios públicos la capacidad de definir qué información es considerada de interés público y cuál queda en la esfera privada de las autoridades. Esta discrecionalidad, aseguran que protege especialmente a los funcionarios de la investigación pública, debilitando los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción.

Reclaman la inmediata derogación del decreto 

El comunicado cuenta con el respaldo de entidades de distintas provincias del país, incluyendo a ARPIAS (Salta), CAREF, la Campaña por el Aborto (Salta), CEPPAS, CIPPEC, FOPEA, Fundación Huésped, INECIP, Minka Digital, Periodistas Argentinas, Unión Inquilinxs (Salta) y muchas más. 

En el texto reclaman al Gobierno la inmediata derogación del decreto para preservar el derecho al acceso pleno a la información pública y garantizar la transparencia en la gestión estatal. "Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que deje sin efecto este Decreto y se garantice el pleno acceso a la información pública", concluye el comunicado firmado por más de sesenta organizaciones, entre las que se destacan Acción Colectiva, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, FARN, FOPEA, y Fundación Huésped, entre otras.

Ley de Acceso a la Información Pública

La Ley  27.275, de Acceso a la Información Pública, fue sancionada el 14 de septiembre de 2016 y promulgada el 29 de septiembre del mismo año, durante la gestión de Mauricio Macri. 

La normativa entró en vigencia a partir de septiembre de 2017, otorgando a todos los ciudadanos el derecho de solicitar y recibir información del Estado, estableciendo normas y procedimientos para garantizar la transparencia en la administración pública y fortalecer la rendición de cuentas.

Con información de elDiarioAr