La Justicia le pidió a Bullrich que explique los fundamentos jurídicos del protocolo antipiquete

El juez federal Sebastián Casanello, vía Habeas Corpus, le solicitó al Ministerio de Seguridad que presente, en un plazo de 72 horas, los "fundamentos jurídicos” del protocolo aplicado en las últimas manifestaciones. La medida responde a la acción de "inconstitucionalidad" presentada por la legisladora porteña del Frente de Izquierda, María Celeste Fierro.

Medida judicial

“Luego de dar vuelta como calesita 50 días por 8 juzgados y una Cámara, al fin el juez Sebastián Casanello se declaró competente ante nuestra acción judicial para declarar inconstitucional el protocolo de Bullrich”, expresó Fierro en sus redes sociales y agregó que la ministra de Seguridad deberá “informar sobre antecedentes, dictámenes jurídicos previos y comprobar que se adecua a las normas internacionales de DDHH”, del protocolo antipiquete.

“Un primer paso positivo y esperamos que cuanto antes el juez suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional. Por nuestra parte, lo vamos a seguir enfrentando en las calles”, advirtió la legisladora del Frente de Izquierda.

El protocolo se aplicó en la marcha de la CGT a fin de año y durante las manifestaciones frente al Congreso en el marco del debate de la Ley Bases, que la semana pasada dejó decenas de detenidos. https://ciudadano.news/politica/argentina/se-agudizaron-los-enfrentamientos-contra-la-ley-omnibus

El juez Casanello, a cargo de la causa, no solo indaga información a nivel nacional, también ha requerido al Ministerio de Seguridad que detalle si respondió a los requerimientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en relación con el procedimiento implementado.

El Frente de Izquierda denunció que con el “protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” se afecta “el derecho de asociación, libertad de expresión, defensa en juicio” y se va contra “los principios de legalidad, reserva, culpabilidad, lesividad, inocencia, pro homine, máxima taxatividad y responsabilidad penal personal”.

País ordenado

“Un país ordenado. Se inició un cambio en la manera de tratar con los piqueteros y con los violentos. La mayoría de la ciudadanía decidió ser libre y no concurrir al corte de calles previsto. Se terminó el “vale todo”. Los que cortan, no cobran. Los que rompen, pagan. Los que violan la ley, van presos”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al poner a prueba el protocolo.

Esta medida judicial pone en debate la política de seguridad implementada por el ministerio, la legalidad y el respeto de los derechos humanos en el accionar de las fuerzas de seguridad ante las protestas sociales. Será la Justicia quien defina la constitucional del protocolo aplicado.  

Con información de Infobae