La construcción de un mega puerto en Malvinas preocupa al Gobierno

Mientras las obras en Ushuaia para tener un puerto argentino de aguas profundas fueron detenidas por el gobierno de Alberto Fernández en una decisión inexplicable, en otra flagrante provocación contra nuestro país el gobierno de las Islas Malvinas construirá un nuevo puerto de grandes dimensiones que podrá ser utilizado para actividades vinculadas a la actividad pesquera, la explotación petrolera, la ciencia e investigación y el turismo, llegando incluso hasta complicar la defensa de nuestra soberanía.

Se trataría de una estructura flotante de unos 400 metros de largo que, de acuerdo a los documentos que trascendieron de la Asamblea Legislativa y la empresa adjudicataria, llamada Harland & Wolff, tendrá áreas destinada al turismo –con zonas donde podrían operar crucero de gran porte–, pero sobre todo a actividades económicas.

En ámbitos diplomáticos argentinos consideran que esa nueva instalación puede servir como puerta de entrada para proyectar los intereses británicos en nuestra Antártida y por eso hay preocupación.

Pero no es la única novedad que se produjo en las últimas semanas vinculada a Malvinas, ya que el Comisionado de las Georgias y Sandwich del Sur estableció “en nombre de su majestad” restricciones totales a la navegación y pesca sobre casi 170.000 km2 adicionales del Mar Austral, incluso sobre espacios que están en disputa de soberanía con la Argentina. 

Al respecto, decretó la ampliación de la Zona Marina Protegida de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que extiende 166.000 km2 –es decir que ahora será de hasta 449.000 km2– el espacio circundante a las islas donde no puede haber pesca ni actividad petrolera, y de esta manera amplía el área de protección al 36% de la zona marítima de la South Georgia & the South Sandwich Islands (SGSSI), cuando era del 23%.

Resulta por lo menos sugestivo que estos movimientos ocurrieron después de la visita del secretario del Foreign Office, David Cameron, a Puerto Argentino el mes pasado. Ante los isleños, el funcionario rechazó discutir los derechos soberanos sobre el archipiélago, pese a las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a abrir una negociación de buena fe.

Ante este nuevo ataque a la soberanía argentina, y según fuentes diplomáticas, el gobierno de Javier Milei llevará entre lunes y martes una queja formal ante los países que integran el Tratado Antártico.

Qué dice la Cancillería argentina

Desde que se conoció la definición para construir el nuevo puerto, en la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, cuya titular es la diplomática Paola Di Chiaro, se encendieron las alarmas y buscaron antecedentes que sirvieran para impedir o trabar de alguna manera el desarrollo de una estructura que tiene –además del impacto indudable en las islas– la finalidad de proyectar los intereses británicos sobre la Antártida Argentina.

Sin embargo, fuentes diplomáticas reconocieron que no hay antecedentes que sirvan para exigir con alguna posibilidad positiva para nuestro país detener el desarrollo portuario de los ingleses que viven, producen y comercian en el archipiélago.

En ese escenario complicado, fuentes de esa dependencia de la Cancillería reconocieron que “Argentina viene siguiendo con preocupación este tema” y que “se está evaluando las acciones para llevar adelante”, aunque en el Ministerio de Relaciones Exteriores admiten que las posibilidades de que pueda impedirse la construcción de ese puerto “son casi nulas”.

Queja contra Gran Bretaña

La Argentina tendrá entre el lunes y martes próximos la oportunidad de rechazar el anuncio unilateral de ampliar las zonas de explotación petrolera y la veda total de pesca en un área que está en litigio. Para eso, el Gobierno enviaría al Tratado Antártico una queja formal contra esa decisión.

De esta manera, la política que aplicará el Gobierno para los reclamos es presentar los argumentos en instancias multilaterales utilizando el derecho internacional.