Julio De Vido condenado: 4 años de prisión por fraude en la compra de gas natural licuado

La causa que investigó el Tribunal Oral Federal N°7 probó irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) que generaron un perjuicio económico de más de 5.5 millones de dólares y sentenció la condena del poderoso exministro kirchnerista Julio De Vido. El exsubsecretario Roberto Baratta y el empresario Roberto Dromi San Martino también recibieron condenas. Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el próximo 28 de noviembre.

Las Condenas Detalladas

El veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli, estableció las siguientes penas:

• Julio De Vido (75 años): Condenado a 4 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como coautor del delito de administración fraudulenta agravada.

• Roberto Baratta (52 años): Condenado a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua, también como coautor.

• Roberto Nicolás Dromi San Martino (51 años): Recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso como partícipe necesario. Deberá cumplir con ciertas condiciones, como fijar residencia y realizar un curso sobre ética pública y prevención de la corrupción.

Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó la restitución al Estado de US$ 5.523.345 más los intereses correspondientes. De Vido y Baratta deberán responder solidariamente por U$S 731.744, y junto a Dromi San Martino, por los restantes US$ 4.791.600.

La Maniobra Fraudulenta

La investigación, que se inició a raíz de denuncias presentadas en 2014, se centró en la importación de 11 cargamentos de GNL en el marco del "Programa Energía Total". Según el alegato de la fiscalía, a cargo de la fiscal general Fabiana León y el auxiliar fiscal Nicolás Codromaz, los imputados cometieron el delito con "plena conciencia de su rol institucional".

La fiscalía demostró que los funcionarios evitaron licitaciones competitivas, incumpliendo los principios de transparencia y eficiencia en el manejo de fondos públicos. También delegaron irregularmente la gestión operativa en la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA).

También crearon un "esquema de contratación fraudulenta" que permitió el pago de más de 5 millones de dólares en comisiones innecesarias a empresas sin antecedentes técnicos, beneficiando a particulares cercanos a los funcionarios.

Dromi San Martino y su padre, José Roberto Dromi (fallecido antes del juicio), actuaron como intermediarios entre ENARSA y las proveedoras de GNL, lo que impactó directamente en el precio final que pagó el Estado. 

El caso comenzó con denuncias presentadas en 2014 por la Unión de Consumidores de Argentina, la ONG "Paso por Paso Argentina" y los entonces diputados nacionales Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo. La investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.