Por Ciudadano.News
13 Febrero de 2024 - 18:21
El escándalo de corrupción que desnudaron los videos de Julio Chocolate Rigau retirando dinero de cajeros del Banco Provincia siguen adelante. Luego del dictado de la prisión preventiva contra el puntero platense, la Justicia ahora se enfoca en dos nuevas figuras que aparecieron repitiendo la operatoria: sacaron dinero con 39 tarjetas, en una maniobra que recaudaría hasta $30 millones.
No sólo eso, un video lo muestra saludándose con el propio Rigau en una madrugada en un cajero del Banco Provincia, por lo que se presume que ambos se conocen.
El descubrimiento de la fiscal platense Betina Lacki se produjo a partir de un informe que le entregó el Banco Provincia, en base a las cámaras de seguridad de sus cajeros automáticos en la primera semana de enero de este año, donde aparecen en escena un hombre mayor y una acompañante mucho más joven.
Las 39 personas a quienes esa pareja les retiraban sus salarios cobraban en promedio $700.000 mensuales del Senado bonaerense y ninguna denunció el robo de sus tarjetas de débito. Algunas de esas personas son familiares entre sí.
Las imágenes del puntero peronista que desataron el escándalo de las tarjetas de débito de la Legislatura bonaerense fueron publicadas por Telenoche.
Este martes, el diario La Nación confirmó que se trata de Hugo Santiago Muguerza, de 72 años, un militante histórico de la Unión Cívica Radical de La Plata con pasado como funcionario en la Municipalidad local.
Quién es Muguerza
Muguerza es un jubilado que tuvo un paso por el PAMI durante el año 2002, donde fue despedido. Trabajó en la Municipalidad platense y llegó a ser subsecretario de Ambiente en 2016. Antes, había sido concejal suplente en 1985, según dicho medio.
De acuerdo con los registros que entregó el Banco Provincia, Muguerza extrajo el dinero en tres días distintos entre agosto y septiembre de 2023 y en diferentes sucursales.
Entre los propietarios de esas tarjetas aparecen dos mujeres que comparten apellido con el puntero radical. Se tratan de Laura Muguerza, de 44 años, y Nadia Muguerza, de 33, esta última empleada del Senado bonaerense.
También María Romina Licursi, de 35, cuyo apellido aparece dentro de la causa Rigau. Es que Chocolate intercambió varios mensajes de WhatsApp con otras dos personas con ese mismo apellido, Ramiro Nahuel y Ricardo, que le pasaron capturas de tickets de extracción al puntero peronista.
La fiscal Lacki había lanzado esta línea de investigación luego de analizar los videos de las cámaras de seguridad del Banco Provincia, donde se lo veía varias veces a Chocolate Rigau interactuando con una pareja que también retiraba mucho dinero de gran cantidad de tarjetas de débito, en horarios donde había muy poco movimiento en los cajeros automáticos, entre las 5 y las 7 de la mañana.
Con esos indicios, consiguió que el Banco Provincia le informara cuáles son las cuentas bancarias que vaciaban los sospechosos en esos horarios, a quiénes les pertenecen esas cuentas y el movimiento de dinero que registraron en los seis meses anteriores a la fecha de los videos analizados por la Justicia bonaerense. Uno de ellos es Muguerza, quien todavía no aparece dentro de la investigación judicial según consigna La Nación.
En esa causa, también fueron detenidos en noviembre pasado el exconcejal massista Facundo Albini y su padre Claudio, exsubjefe de Personal de la Cámara de Diputados provincial, quienes están involucrados en el escándalo de corrupción de las tarjetas de débito que usaba el puntero Rigau. Facundo Albini fue concejal entre 2019 y 2023 y lo reeligieron para volver a la banca. Pero quedó detenido antes de asumir. Igualmente, los concejales no tienen fueros.
Los Albini y Rigau están imputados por integrar una asociación ilícita dedicada a estafar al Estado bonaerense. Se los acusa de quedarse con por lo menos $800 millones de la Cámara de Diputados. La maniobra que descubrió la Justicia consistía en quedarse con el dinero de supuestos empleados legislativos contratados.
Los tres se encuentran con prisión preventiva y deberán permanecer detrás de las rejas hasta que concluya el proceso penal. En los tribunales provinciales este tipo de casos puede demorar más de tres años hasta llegar al trámite del juicio oral.
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