El Gobierno se juega el todo por el todo con la reforma laboral en el Senado el 27

El Gobierno nacional ha puesto en marcha una maquinaria de negociación frenética para garantizar que la reforma laboral regrese al Senado y sea sancionada el próximo 27 de febrero. 

Tras obtener la media sanción en la Cámara alta con 42 votos a favor, el texto aterrizó en Diputados, donde el oficialismo se vio obligado a recalibrar su estrategia. 

La orden desde Balcarce 50 es clara: no importa si el proyecto vuelve con correcciones, lo fundamental es que la ley esté vigente antes de que el calendario marque el inicio del nuevo periodo legislativo.

El Gobierno acepta cambios para blindar la reforma laboral

La flexibilidad mostrada por el Ejecutivo en los últimos días marca un giro en la intransigencia inicial. 

Para asegurar que la reforma laboral no se estanque en la Cámara baja, el bloque oficialista ha comenzado a ceder en puntos que generaban fricciones con los sectores "dialoguistas". 

Entre las modificaciones que el Gobierno aceptaría se encuentra la revisión del polémico artículo sobre licencias médicas, el cual reducía el pago salarial durante enfermedades.

"Estamos dispuestos a revisar la redacción de las licencias y la operatividad del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para no obstaculizar el consenso general", deslizaron fuentes cercanas a la presidencia. 

Por su parte, Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en el Senado, reforzó esta idea al señalar: "Estamos ante un punto de inflexión y lo prioritario es modernizar el sistema para que deje de ser una traba a la contratación". 

También se discute la reincorporación de las billeteras virtuales como medio de pago, un reclamo persistente del PRO.

Un respaldo con lo justo y la sombra de la judicialización

A pesar del optimismo oficial, el camino no está exento de obstáculos. En el Senado, la mayoría circunstancial de 42 votos lograda el 12 de febrero fue el resultado de una ingeniería política delicada con gobernadores y bloques provinciales. 

Sin embargo, el rechazo de los 28 senadores del interbloque Justicialista sigue firme. La oposición advierte que ciertos puntos, como el banco de horas y la flexibilización de la jornada, podrían terminar en la Justicia.

Respecto a la urgencia, el Gobierno tiene un motivo simbólico y estratégico: el 1 de marzo. 

El presidente Javier Milei busca presentarse ante la Asamblea Legislativa con la ley sancionada como el máximo trofeo de su gestión. 

"Queremos que el inicio de las sesiones ordinarias sea con la nueva normativa ya vigente, para dar una señal clara a los mercados y a los inversores", afirman desde el entorno presidencial. 

La meta es que el texto sea dictaminado en comisiones este viernes 20, para que el 27 de febrero el Senado le dé el martillazo final.