El Senado se encamina a convertir en ley la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años

El oficialismo dio un paso decisivo este jueves en el Congreso de la Nación. Tras una intensa jornada de debate en comisiones, el bloque de La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría para el nuevo Régimen Penal Juvenil, dejando la iniciativa a las puertas de su sanción definitiva en el recinto del Senado la próxima semana.

 

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ha sido la principal impulsora de la reforma desde el Poder Ejecutivo, celebró el avance a través de sus canales oficiales. "En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir", afirmó, subrayando que la nueva norma busca terminar con la "puerta giratoria" para los menores de edad.

 

Los ejes del nuevo sistema

 

El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone un cambio de paradigma en el tratamiento de la delincuencia juvenil. El punto neurálgico es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, permitiendo que los adolescentes desde esa edad puedan ser juzgados y condenados.

 

Sin embargo, el texto establece un régimen diferenciado del de los adultos:

Escala penal: Se fijan sanciones que van desde medidas socioeducativas hasta un máximo de 15 años de prisión para delitos de extrema gravedad.

Sin perpetua: La ley prohíbe explícitamente la aplicación de la pena de prisión perpetua para menores de 18 años.

Centros especializados: El régimen exige que los jóvenes cumplan sus penas en establecimientos especiales, con una separación total de la población carcelaria adulta.

 

Polarización en el Congreso

 

La iniciativa ha profundizado la brecha legislativa. Mientras que bloques como el PRO, la UCR y diversas fuerzas provinciales acompañaron el dictamen bajo la premisa de dar respuesta al reclamo social por mayor seguridad, sectores del peronismo y la izquierda mantienen un rechazo rotundo.

 

Desde la oposición argumentan que la baja de la imputabilidad no soluciona el problema del delito y que el Estado debería priorizar políticas de inclusión social antes que el endurecimiento de las penas.

Con el dictamen ya firmado, el oficialismo cuenta con los números necesarios para convertir el proyecto en ley en la próxima sesión ordinaria, marcando uno de los hitos legislativos más importantes del año en materia de seguridad pública.