Por José Urrutia
19 Febrero de 2026 - 12:00
El día después de la sanción de la reforma laboral en el Congreso, si es que eso ocurre, no será una jornada de silencio en la calle Azopardo. Por el contrario, la CGT ingresará en un proceso de introspección forzada donde la unidad será el bien más escaso.
Con la ley ya publicada en el Boletín Oficial, la central obrera deberá decidir si profundiza el plan de lucha o si inicia una etapa de resistencia jurídica y política de baja intensidad.
El dilema de la CGT ante la presión del ala dura
La principal incógnita radica en cómo actuará el triunvirato, actualmente compuesto por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), ante la presión de los sectores más combativos.
El ala dura, referenciada en gremios como Camioneros y la UOM, ya desliza la necesidad de huelgas más prolongadas. "Si el Gobierno no escucha el paro general, el siguiente paso debe ser un plan de lucha por tiempo indeterminado", advierten en los sectores que ven en la reforma una "declaración de guerra".
Con ese escenario a la vista, el triunvirato camina sobre una cuerda floja. Si no accede a las exigencias de los duros, corre el riesgo de quedar descolocado y perder la conducción real de la calle.
Una ruptura interna es el fantasma que recorre los pasillos de la central; para evitarla, los moderados apuestan a un consenso que traslade la pelea al terreno judicial, alegando la inconstitucionalidad de varios artículos.
Fate y el fantasma de la desocupación industrial
El reciente cierre de la planta de neumáticos Fate, con el despido de más de 900 trabajadores, actúa como un catalizador de la furia sindical.
El impacto de esta noticia incide directamente en las futuras decisiones, ya que es utilizado por la conducción para demostrar que la flexibilidad laboral no garantiza la estabilidad del empleo.
"El cierre de Fate es el espejo del país que viene con esta reforma", sentenció un dirigente de la mesa chica durante la última reunión, sin tener en cuenta que los problemas de la empresa son arrastrados por lo menos desde 2022.
Para manifestar su rechazo sin tomar un camino destituyente, la CGT ya está analizando una estrategia de "resistencia administrativa", con impugnaciones en la OIT y presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia, intentando mantener el conflicto dentro de los márgenes democráticos con la esperanza de que el malestar social comience a crecer por el ajuste.
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