El gobierno analiza eliminar las PASO

Cuando a fines de 2009 se sancionó la Ley 26.571, a instancias de Néstor Kirchner, se pensó que cada partido terminaría dirimiendo sus internas en una gran elección simultánea que agregaría transparencia democrática al sistema. A casi 10 años, el instrumento se ha mostrado poco eficiente.

El Título II de la norma rezaba específicamente que: ARTICULO 18. — Entiéndese por agrupaciones políticas a los partidos políticos, confederaciones y alianzas participantes en el proceso electoral. En adelante, se denomina elecciones primarias a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ARTICULO 19. — Todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales y de parlamentarios del Mercosur mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aun en aquellos casos en que se presentare una sola lista.

La realidad mostró que, llegado el caso, se inventan partidos y sellos de goma y se presentan candidaturas sin competir en ningún espacio interno. Las últimas tuvieron tres candidatos que se dicen peronistas compitiendo en las generales, sin dirimir la interna en las PASO, y a todos les pareció lo más normal del mundo.

Ahora, la idea de suprimirlas está en estudio, y ha sido reconocida por el propio Marcos Peña hace tiempo. Admitió que el Gobierno analiza “discutir el rol” de las Paso por entender que son un “experimento único en el planeta” que “genera muchos problemas” y “extiende mucho” la campaña. Además juzgó una “estafa” electoral las “candidaturas testimoniales” del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. “Queremos dejar en claro que no creemos en las candidaturas testimoniales, las rechazamos, consideramos que son una estafa a los votantes. La preocupación es por la degradación que implica (ese mecanismo) para el sistema político y el sistema electoral; destruye la confianza si las candidaturas se usan simplemente para fines electorales y no para representar a la sociedad”, advirtió Peña.

Un argumento que esgrimen, también, es el económico. Se estima que cuestan al Estado unos seis mil millones de pesos, sin contar los gastos en propaganda de los distintos partidos. La puesta en marcha de la maquinaria electoral, para al fin de cuentas terminar sin decidir nada, es una cuestión que pesa mucho. Sumado esto a cronogramas electorales interminables y ciudadanos que se encuentran sufragando seis o siete veces en el año, muchas veces sin tener en claro para qué.

Pero en el fondo lo que más pesa es el argumento político. Por qué brindarle a la oposición un sistema que le permita dirimir sus divisiones, es algo que se preguntan a esta hora en Cambiemos. También, para la tropa propia, lo ven como modo de evitar la dispersión, algo que con la crisis y la incertidumbre ven como algo probable.

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