El Consejo Económico, Social y Ambiental ya es ley en Mendoza

Con 22 votos positivos y 16 negativos, la Cámara de Senadores de la provincia aprobó este martes la creación del Consejo Económico, Social y Ambiental, tal como lo había anunciado el gobernador Rodolfo Suarez el pasado 1 de mayo.

La nueva ley prevé la participación de todos los sectores vinculados a la economía, el ambiente y lo social como órgano de consulta para el Estado mendocino.

Según detalla la iniciativa, el Consejo tendrá su sede en la Ciudad de Mendoza y contará con delegaciones en cada oasis productivo. El espacio actuará como entidad consultiva y su vinculación con el Ejecutivo provincial se dará a través de los ministerios de Economía y Energía y de Gobierno, Trabajo y Justicia, con Enrique Vaquié y Víctor Ibañez a la cabeza.

En cuanto a funciones, dispone la emisión de opiniones no vinculantes, a requerimiento de alguno de los poderes, sobre proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo. Además, sobre proyectos de decretos a ser dictados por el Ejecutivo, siempre y cuando sean remitidos para su consulta.

Por otro lado, prevé la elaboración de informes, la suscripción de acuerdos de cooperación con organismos nacionales e internacionales, consultas a organismos especializados, proponer proyectos de impacto ambiental, social y económico, invitar a funcionarios para expongan ante el plenario o las comisiones y la elaboración de un informe anual sobre la situación socioeconómica o ambiental de la provincia.

Designación de autoridades

El Consejo estará integrado por el presidente, que será propuesto por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia; el vicepresidente, propuesto por el Ministerio de Economía y Energía, el secretario técnico y miembros representantes.

El vicepresidente sustituirá al presidente, en la forma que determine el Reglamento Interno, en los supuestos de vacancia, ausencia o enfermedad, y ejercerá las funciones que la reglamentación expresamente le delegue.

En cuanto a la duración de los mandatos, el presidente y el vicepresidente del organismo tendrán un mandato de dos años renovables por períodos de igual duración.

En total serán más de 40 los miembros de la mesa, que serán distribuidos de la siguiente manera: Poder Ejecutivo: dos representantes. Poder Legislativo: dos representantes. Poder Judicial: dos representantes. Los exgobernadores democráticos que expresen su voluntad de participar. Asociaciones sindicales de trabajadores: cinco representantes, cuatro representantes del sector privado y un representante del sector público. Organizaciones empresariales representativas de la industria, del comercio, del sector agrícola, del turismo, del desarrollo tecnológico, de la construcción, del sector hidrocarburífero y del sector minero: ocho representantes, uno por cada sector enunciado. Departamento General de Irrigación: un representante del Honorable Tribunal Administrativo.

Tribunal Administrativo Inspecciones de Cauce: un representante. Organizaciones de promoción social y asistencia y del sector de la cultura: tres representantes. De los distintos credos de la provincia de Mendoza: un representante por la Iglesia Católica, un representante por el Judaísmo y un representante por las Iglesias Evangélicas. La reglamentación podrá prever la incorporación de representantes de otros credos reconocidos. Organizaciones de defensa de los consumidores: un representante. Economía social: un representante. Asociaciones o fundaciones dedicadas a la protección del medio ambiente: tres representantes. Universidades públicas: un representante de la Universidad Nacional de Cuyo, un representante de la Universidad Tecnológica Nacional. Universidades privadas: dos representantes. Centro Científico Tecnológico Conicet Mendoza: un representante. Agencia de Ciencia, Innovación y Tecnología a crearse: un representante. Cada uno de los colegios profesionales reconocidos por ley de la provincia de Mendoza: un representante.