El Consejo de la Magistratura es el campo de batalla de la política

El oficialismo lanzó un ataque directo para impedir la integración del Consejo de la Magistratura de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Suprema como último e inapelable intérprete de las leyes. 

En las últimas horas del martes, la vicepresidente Cristina Kirchner ordenó facturar el bloque del Frente de Todos para fabricar una nueva primera minoría y postergar la que hasta ese momento estaba en tercer lugar, la del PRO, que propuso a Luis Juez como representante del Senado en el Consejo.

Inmediatamente, tras la obediencia debida de los senadores oficialistas, la titular natural del Senado designó a Martín Oñate por esa minoría inventada que se sumará a otros dos senadores oficialistas Mariano Recalde y María Pelatti.

En la Cámara de Diputados no se acató la orden de la jefa política del oficialismo y el presidente de la misma, Sergio Massa, se desmarcó y convalidó la designación de la diputada radical Roxana Reyes, evitando la división del bloque mayoritario tal como sucedió en la Cámara Alta.

A los pocos minutos, el titular del bloque del FdT, Germán Martínez y anunció que impugnará la decisión de Massa aduciendo una interpretación propia del equilibrio de mayorías y minorías y su representatividad.

De todos modos, los titulares de las dos cámaras remitieron al presidente del Consejo, Horacio Rossatti lo resuelto respectivamente.

La jugada cristinista dejaría fuera del Consejo a Luis Juez al ser postergado el bloque del PRO por la intromisión del nuevo bloque Unidqad Ciudadana. Por supuesto que la oposición no se quedará quieta y articulará los recursos legales e institucionales.

Juntos por el Cambio pedirá a Rosatti que tome juramento a los miembros designados antes de las maniobras del Frente de Todos. Mientras que, por otra parte, harán una presentación ante el juzgado federal en el que se inició la causa que terminó en la declaración de inconstitucionalidad de la ley que redujo el número de los integrantes del Consejo.

En las últimas horas de la tarde, el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, tomó juramento a los miembros del sector magistrados, abogados y académicos, pero no hizo lo propio con los dos designados por Cristina Kirchner y Sergio Massa, sin establecer una fecha para ese trámite.

División de poderes y control mutuo

Las normas republicanas no se rompen solamente con la supresión de la vigencia dela Constitución ni con los tanques en la calle. También la vigencia de las instituciones se pueden zocavar lentamente con artimañas como la manipulación de algunos sectores de la Justicia. 

Tal es el caso de la integración del Consejo de la Magistratura, órgano en el cual se proponen las ternas para el nombramiento de jueces que luego de ser seleccionados por el Presidente, los aprueba el Senado, los enjuiciamientos y sanciones a los magistrados que incumplan con la legislación y la administración del presupuesto del Poder Judicial de la Nación.

Pero todo este entramado ha puesto en evidencia cómo el peronismo concibe la estructura del sistema republicano que abreva en la división de poderes y en el control mutuo que a través de diversos mecanismos se establecen. 

Hasta ahora los fallos de la Corte sobre las leyes que modificaron el Consejo de la Magistratura, declarando inconstitucional una de ellas con una excesiva demora, tuvieron lugar dentro de las potestades del máximo tribunal. Por lo tanto, decir que se trata de un golpe institucional es parte de un discurso político interesado en llevar agua al propio molino oficialista.

A su vez, la maniobra de fingir una división del bloque mayoritario para crear otra opción de nombramiento es un recurso no judiciable basado en el criterio del funcionamiento interno del Senado. Tal vez sea condenable desde la ética, pero se trata de un proceder acorde con la relación de fuerzas surgida del voto popular.

Por eso es que la judicialización de las decisiones legislativas en el ámbito interno de las cámaras está supeditado a que no violen el reglamento interno de las mismas, lo que en ese caso se transforma en un tema de orden público. Como la táctica aplicada desde el cristinismo no viola ese reglamento, será muy difícil que la Justicia dictamine en un sentido o en otro. Lo mismo se podría decir con el anuncio del titular del bloque del FdT de Diputados, Germán Martínez, quien dijo “no estar de acuerdo con lo dispuesto por Sergio Massa” al designar a la diputada radical en el Consejo, y, por lo tanto, impugnar la decisión.

La Corte Suprema dio un paso trascendental al frenar la embestida cristinista que tiene resultados en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero en la Justicia parece haberse frenado.

Los resultados finales están aún por verse, tal vez no les quede mucho margen de maniobra dentro del orden constitucional, pero hay que tener en cuenta que si los exabruptos verbales sobre “golpe blando, exceso de atribuciones o la casta de la que no se habla”, posiblemente la Corte no quiera incurrir en un exceso de intervencionismo a través de las causas que seguramente se iniciarán en los tribunales inferiores. 

Puja entre el derecho y la política

Entre las tantas cosas que en la Argentina no se respetan son los límites de lo que establecen las leyes, cómo deben respetarse y los criterios para interpretarlas, que es función de los jueces. Si eso no está claro para muchos, entonces la paz social es difícil. 

A sí como los parámetros del Derecho se regulan por las normas jurídicas, en el ámbito político las decisiones se toman de acuerdo a las relaciones de fuerza y teóricamente con la aplicación del sentido común.

Entonces, cuando se produce un conflicto de poderes como el que está en curso, es muy difícil encontrar una instancia superior que que aplique un criterio superador.