Edad de imputabilidad: ¿podrán la política y la Justicia superar el sesgo ideológico para frenar la inseguridad?

La discusión sobre la edad de imputabilidad en Argentina parece atrapada en un laberinto de consignas que rara vez tocan el suelo de la realidad. 

Mientras el Poder Ejecutivo impulsa un nuevo Régimen Penal Juvenil que baje el límite a los 13 años, el Poder Judicial se atrinchera en dogmas que, a menudo, priorizan la interpretación teórica sobre la seguridad ciudadana. 

No es un secreto: en Argentina, la balanza de la Justicia suele estar más inclinada por el peso de la ideología que por la contundencia de las pruebas o el bienestar de la víctima.

La edad de imputabilidad en medio de la grieta ideológica

Para los sectores denominados "garantistas", herederos de la escuela de Raúl Zaffaroni, cualquier intento de bajar la edad mínima de responsabilidad penal es visto como un retroceso en materia de Derechos Humanos. 

Sin embargo, la realidad golpea con una crudeza que los expedientes ignoran. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha sido tajante al respecto: "El Estado no puede seguir mirando hacia otro lado mientras menores de edad son utilizados como mano de obra por el narcotráfico porque saben que entrarán por una puerta y saldrán por la otra".

El conflicto no es solo técnico, es de identidad política. Mientras un sector propone la "mano dura" como respuesta al desamparo, el otro se refugia en un romanticismo sociológico que justifica el delito como una consecuencia inevitable de la pobreza. 

Brecha entre el despacho y la calle

La desconexión entre los despachos judiciales y el "barro" de la realidad es absoluta. 

Recientemente, las imágenes de un sepelio en el conurbano bonaerense sacudieron la opinión pública y dejaron al desnudo la magnitud del drama: un chico de apenas 12 años, muerto en un contexto de delincuencia, fue despedido por sus familiares y amigos entre disparos al aire y ritos de "lealtad tumbera". 

Esa cultura de la muerte y la normalización del delito a edades tan tempranas es la que muchos jueces garantistas ignoran cuando se pierden en tecnicismos legales. Mientras la academia discute el "derecho al error" del menor, en los barrios donde el Estado ha renunciado a su soberanía los vecinos se rigen por leyes propias.

¿Es que no existe un término medio? La Justicia suele fallar en ese equilibrio, permitiendo que la "puerta giratoria" se convierta en una política de Estado de facto.

El fantasma de la pandemia y la impunidad

Es imposible analizar este escenario sin recordar el nefasto precedente de la liberación masiva de presos durante la pandemia de 2020. 

Bajo la excusa del riesgo sanitario, jueces de diversas instancias firmaron excarcelaciones que devolvieron a las calles a criminales peligrosos. 

Los resultados fueron trágicos y están documentados: varios de esos beneficiados por la "clemencia" judicial volvieron a matar, robar y violar a los pocos meses de recuperar la libertad. Y muchos lo siguen haciendo.

Esta memoria colectiva alimenta la desconfianza hacia los jueces que priorizan el bienestar del victimario y la sociedad percibe que el garantismo se ha transformado en un mecanismo de impunidad. 

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich, ahora en el Senado, reforzó esta postura al afirmar que "quien comete un delito de adulto debe tener una pena de adulto, adaptada a su edad, pero con la certeza de que habrá consecuencias".

¿Hacia una justicia reparadora o más encierro?

La reconciliación de posturas parece utópica si no se abandona el binarismo. La política debe entender que bajar la edad no es una solución mágica si no viene acompañada de una reforma integral del sistema de institutos de menores, hoy convertidos en escuelas de delincuencia. 

Por su parte, la Justicia debe abandonar la soberbia académica y entender que su función principal es proteger la paz de toda la comunidad.

Entonces, el desafío actual es diseñar un sistema donde el menor sea responsable de sus actos, pero donde el Estado no renuncie a su tutela. 

De otra manera, sin una autocrítica profunda del Poder Judicial sobre su rol en la inseguridad actual, la edad de imputabilidad seguirá siendo un eslogan de campaña y no una herramienta de cambio real.