Tras siete meses, la Cámara de Diputados vuelve a tratar el proyecto de reducción de la jornada laboral, que pretenden modificar la ley 11.544 de 1929, por lo que se definirá una convocatoria a reunión informativa de la comisión de Legislación del Trabajo, que preside Martín Tetaz.
La 11.544 establece jornadas laborales de un máximo de 48 horas y hasta 9 horas por día, una de las cargas horarias más exigentes del mundo, mientras que en muchos países se pudo avanzar con reformas que acortaron la jornada laboral, con beneficios que van desde ampliar la cantidad de puestos de trabajo formales hasta la calidad de vida y el rendimiento laboral. Los proyectos en danza corresponden a los diputados Sergio Palazzo (Unión por la Patria) y Julio Cobos (UCR).
El del sindicalista modifica el artículo 19 de la Ley de Contrato de Trabajo de manera tal que los empleadores, al momento de despedir a un trabajador sin el plazo de preaviso, deban liquidar en la respectiva indemnización ese períodos en que el trabajador debió haber sido preavisado de su desvinculación, agregando en la base de cálculo esa antigüedad adicional.
Para un pasante, el preaviso estipulado por ley es de 15 días, mientras que para un trabajador con menos de cinco años de antigüedad el período de preaviso es de un mes, y para un empleado de más de cinco años antigüedad es de dos meses.
Con esta propuesta, el costo de las indemnizaciones es más alto, y la diputada de La Libertad Avanza Alida Mónica Ferreyra anticipó un dictamen en minoría de rechazo, al sostener que “los empleadores, al no tener en vista el plazo de preaviso, optan por lo que ha dado la Ley de Contrato de Trabajo, que es la indemnización sustitutiva”. El diputado del PRO Sergio Capozzi también manifestó sus objeciones al sostener que con la iniciativa de Palazzo se estaría “creando una ficción, que es la de que el trabajador continúe en relación de dependencia cuando no lo está”.
El proyecto de Cobos propone, entre otras cosas, la sistematización del cobro de propinas mediante medios de pago electrónicos, algo que resolvería el problema a trabajadores del rubro gastronómico, principalmente. “Todo trabajador que desempeñe tareas en las que es costumbre la entrega de propina por parte del cliente, tiene derecho a que esta pueda hacerse efectiva a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico”, argumentó el mendocino.
Otro proyecto es de Hugo Yasky, para fijar la carga semanal máxima en 40 horas y un máximo de ocho horas por día, percibiendo la misma remuneración. Palazzo y el socialismo proponen un máximo de 36 horas semanales y ocho por día, mientras que Eduardo Valdés (UP), Nicolás del Caño (FIT) y Claudia Ormachea (UP, mandato cumplido) impulsan un proyecto para establecer jornadas máximas de seis horas diarias y hasta 30 horas semanales.
Del Caño recordó que Argentina tiene “la jornada más extensa de América Latina; se ha multiplicado la productividad del trabajo y la evolución permitiría aliviar la jornada de trabajo”, por lo que instó a que los trabajadores tengan mayor tiempo libre para desarrollar otras actividades. Pidió "reducir las horas laborales para alivianar la carga del trabajo y repartir las horas de trabajo para generar un millón de puestos de trabajo genuino”.
Tetaz destacó que “hay muchísimos experimentos en el mundo sobre reducción de la jornada laboral” y habló de los “resultados muy buenos” en materia de salud mental, lo cual desemboca en “ganancia productiva para el propio empresario, que al tener menos carpeta médica no necesita reemplazar a tantos trabajadores".
La propuesta del economista radical estipula “un período de exploración de jornadas alternativas" por un período de tres a seis meses para probar esquemas horarios alternativos “a modo de evaluar si se sostiene la productividad”, y aclaró que “no se trata de trabajar menos, sino mejor".