Declaran inválido el veto presidencial a la Ley de Discapacidad

Un nuevo capítulo se suma a la disputa entre el Gobierno Nacional y la Justicia. El Juzgado Federal de Campana declaró inválido el veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, generando un duro revés para el Ejecutivo.

El fallo, que se conoció este lunes, dejó sin efecto el Artículo 3 del Decreto 534/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había vetado por completo la Ley 27.793. Si bien la medida beneficia de manera directa sólo a dos personas, marca un precedente jurídico que podría multiplicar los reclamos en otros tribunales del país.

La periodista Vanesa Petrillo señaló al difundir la resolución que "el fallo tiene efectos únicamente sobre los demandantes, pero abre una ventana legal para que otras familias en situaciones similares puedan recurrir a la Justicia".

El amparo que cambió el rumbo

La causa fue iniciada por dos personas, identificadas por sus iniciales O.G.J. y D.R.N., quienes recurrieron a la Justicia en defensa de los derechos de dos menores: B.N. e Y.N.

En la resolución, el magistrado dispuso:

• Amparo favorable: la Justicia hizo lugar parcialmente a la demanda presentada.
• Orden a la obra social: se instruyó a la cobertura médica para que restituya las prestaciones conforme lo establecía la Ley de Emergencia en Discapacidad.
• Costas a cargo del Estado: los gastos del proceso judicial deberán ser absorbidos por el Gobierno Nacional.

"Con este fallo recuperamos derechos que nos habían arrebatado. Es un alivio para nuestras familias", expresaron allegados a los demandantes tras conocerse la noticia.

Qué puede pasar ahora

Aunque el Gobierno aún tiene la posibilidad de apelar, este es el primer fallo judicial que anula el veto presidencial sobre la Ley de Discapacidad, lo que abre la puerta a que se presenten nuevos amparos en todo el país.

Especialistas en derecho constitucional remarcaron que el dictamen "no implica una restitución general de la ley, pero sí deja en evidencia la vulnerabilidad del decreto frente a los reclamos de la sociedad civil".

De confirmarse en instancias superiores, el fallo podría tener un impacto directo en el esquema de políticas públicas en materia de discapacidad, obligando al Ejecutivo a revisar su estrategia legal.