La fiscalía reclama el decomiso inmediato de 141 inmuebles de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

En un giro determinante para la ejecución de la condena por la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron este jueves un pedido formal ante el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) para proceder al decomiso de un vasto patrimonio vinculado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al empresario Lázaro Báez.

La medida busca hacer efectiva la recuperación de activos tras el vencimiento de los plazos legales para que los condenados depositaran de manera voluntaria la suma de $684.990.350.139,86. Según el escrito fiscal, los implicados no han abonado "ni un solo peso" de la cifra actualizada por defraudación a la administración pública.

 

 

Patrimonio bajo la lupa

 

El pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal es exhaustivo e incluye:

141 inmuebles: 13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculados al holding de Báez. Entre ellos figura el departamento de la calle San José 1111.

Activos financieros: Más de 5.6 millones de dólares depositados en cajas de seguridad y cuentas bancarias a nombre de Florencia Kirchner.

Vehículos: El remate de 46 automotores propiedad de las empresas involucradas en la maniobra.

 

"Falta de arrepentimiento"

 

Para Luciani y Mola, la demora en el pago no es una cuestión administrativa, sino una estrategia de obstrucción. "La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley", señalaron en su presentación.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ya fue designada como el organismo responsable de administrar y subastar estos bienes. La cifra original de decomiso, que inicialmente rondaba los $84.000 millones, fue actualizada por peritos contadores hasta alcanzar los casi 685 mil millones de pesos actuales, reflejando la magnitud del daño patrimonial causado al Estado entre 2003 y 2015.

Con esta presentación, la justicia entra en una etapa de ejecución forzosa que podría derivar en el remate público de estancias, complejos habitacionales y vehículos de lujo en el corto plazo.