Entre la multiplicidad de recortes que lleva adelante el Gobierno en su obsesión por terminar con el déficit fiscales, la pelea por los recursos con las provincias es uno de los frentes que prometen seguir sumando batallas, y el nuevo frente de tormenta se da como consecuencias del freno a las transferencias a las cajas jubilatorias especiales.
Será tema central de la próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, prevista para el 4 de abril, luego de que por DNU el gobierno de Javier Milei frenó los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. Desde la asunción del nuevo gobierno esas transferencias no se realizan y venían siendo reclamadas.
Vale recordar que en la historia reciente hay provincias que en otras oportunidades llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia en estos reclamos, y nada indica que no sea una situación a repetirse, ya que varios mandatarios señalaron su disposición de judicializar el problema, que afecta a gobiernos de distintos signos políticos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Además, bien vale recordar que hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley, pero desde enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley.
El acuerdo que determina las partidas del presupuesto nacional para cubrir estos fondos datan desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias. Luego, en 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió. Y el último capítulo se escribió el miércoles, por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema.
Cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias: eran US$ 5.600 millones. Pero la propuesta no fue aceptada.